El fin de la renta antigua amenaza a los comercios centenarios
El próximo 1 de enero entra en vigor la nueva ley de Arrendamientos Urbanos. Muchos locales no podrán sobrevivir
El próximo 1 de enero, justo el día que se estrena 2015, puede ser el final de algunos establecimientos centenarios madrileños. Nadie lo desea pero ahí está. Tic-tac, tic-tac. Esa fecha supone el fin de muchos contratos de renta antigua en aplicación de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, la famosa «ley Boyer». Pasarán de pagar una modesta cantidad a un alquiler a precio de mercado, lo que supone multiplicar, incluso por diez, su factura.
A muchos, los cálculos no les salen, pero todos negocian una solución para no echar el cierre. No quieren dar muchos detalles. La cautela manda. Por eso, tampoco hay cifras exactas de los afectados. ¿Diez? ¿Quince? ¿Sesenta? Pocos se atreven a contar su peculiar calvario después de un siglo de cara al público. Son historia viva de Madrid, pero se sienten desprotegidos y con el agua al cuello.
Entre esos establecimientos centenarios y tradicionales que ajustan sus cuentas nos encontramos, por ejemplo, con Casa Labra, la taberna por antonomasia y el lugar donde Pablo Iglesias fundó de forma clandestina el PSOE un 2 de mayo de 1879. O Madrueño, la antigua licorería del Postigo de San Martín, la más antigua de Madrid. También Bisutería Otero, con la tercera generación de inquilinos que teme por su futuro en el número 28 de la calle Mayor. Y «La Paloma», una farmacia de postín en medio de la calle Toledo.
«Doy por sentado que me voy». Triste pero sin terminar de perder la esperanza, Almudena Zarco Otero, abre cada día las puertas del comercio fundaron sus abuelos, Adolfo Otero y Filomena Poncela. Su madre, Teresa, guardó un buen puñado de piezas de bisutería pensando en el porvenir de su familia. Hoy, Almudena duda, y mucho, de que su hija Teresa pueda continuar con el negocio. «Hasta el 1 de enero, vivo el día a día. Prefiero no pensar. Pero duele que un comercio tan bonito como éste tenga los días contados. Se perdería una parte de la historia de la ciudad porque la bisutería es de estilo madrileño auténtico», nos dice mientras muestra las peinetas, las pulseras y las joyas de las estanterías.
Aquí, en Otero, nada ha cambiado desde 1905. La madera de las repisas es original. Como el suelo, las paredes y los letreros. Almudena, la tercera generación del comercio, cuenta y no acaba: «Mi abuela vendía joyas a las novias de los brigadistas. Veía pasar los carros de combate por la calle Mayor. Pasaron aquí toda la Guerra Civil, pero nunca cerraron. En cuanto a mí, siempre recordaré que me venía aquí directa del colegio...».
Prefiere Almudena no decir lo que paga de alquiler. Lo que está claro es que hoy, en la calle Mayor, la factura puede rondar los 4.000 euros al mes pues no es sólo el arrendamiento sino, también, hacer frente al IVA del 25% y al correspondiente aval bancario.
Mariano Madrueño también es la tercera generación de la centenaria licorería. «Nuestro contrato de arrendamiento es en concepto de persona física. Después de mí no habrá subrogaciones y entraríamos en el mercado libre», comenta a ABC. «La vigente ley de Arrendamientos vigente, la de 1994, no tuvo en cuenta que somos historia de Madrid», explica. Por si acaso, «Madrueño» ya tiene sucursal en la calle de Calatrava.
Prórroga forzosa
Casa Labra ha arreglado su situación. «Estamos aquí y seguiremos estando», nos dice su actual dueño, Manuel Molina, otra tercera generación. La taberna, famosa también por sus pinchos de bacalao, ha pasado por un amago de desahucio, pero llegó a un acuerdo con la propiedad del edificio que incluye, incluso, la compra del local. En ello andan. Lo cierto es que la norma que rige ahora en toda España los arrendamientos urbanos entró en vigor en 1994. El próximo 1 de enero supondrá la finalización de muchos contratos de locales de negocios centenarios y tradicionales de Madrid. En especial, los que fueron otorgados antes del 9 de mayo de 1985 bajo el régimen legal de prórroga forzosa para el arrendador, y que son la losa para esos locales tan necesarios para la imagen y la marca Madrid. Ahí está la clave.
De todas formas, el texto legal es complejo y da paso a diversos supuestos. No es lo mismo que el contrato esté a nombre de una persona física que jurídica. Lo peor es si se trata de la primera posibilidad porque, en este caso, el contrato se extingue el próximo 1 de enero, sí o sí. Y no hay vuelta atrás posible.
Sin embargo, la abogada Teresa Campuzano opina que cada caso merece un estudio individualizado. «Solución definitiva no hay, pero sí soluciones transitorias. Por ejemplo, intentar ampliar el plazo de los traspasos mediante acuerdo con el propietario del local. Se podrían ganar hasta diez años». La letrada considera que la «ley Boyer» tiene lagunas que se pueden aprovechar. Incluso si el contrato está a nombre de persona jurídica.
El tiempo corre. Las negociaciones entre inquilinos y caseros llevan semanas en su punto álgido. Y todos con sus legítimos derechos.
