remunicipalización
El retorno de los servicios a manos públicas
Mientras que estamentos públicos a nivel mundial apuestan claramente por la colaboración público-privada, la llegada de nuevos partidos al espectro político —caso de las Mareas gallegas afines a Podemos— llevaba pareja la recuperación de la idea de remunicipalizar los servicios públicos
Mientras que estamentos públicos a nivel mundial apuestan claramente por la colaboración público-privada , la llegada de nuevos partidos al espectro político —caso de las Mareas gallegas afines a Podemos— llevaba pareja la recuperación de la idea de remunicipalizar los servicios públicos que, en la práctica, no es más que recuperar la prestación directa en vez de contratar la gestión con la empresa privada. Pero pasar de este sistema indirecto, pues son servicios de titularidad pública municipal, a otro de gestión directa, debe estar debidamente justificado. Dos son los supuestos a los que apunta Luis Míguez Macho, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, para la conveniencia de esta medida. Por un lado, «que el servicio presente deficiencias constatables» y, por otro, que «esas deficiencias se puedan corregir mediante la gestión directa municipal». «Hoy en día habría, además, que acreditar también que no va a suponer un incremento para las arcas públicas», añade.
Gloria Zúñiga Rial, abogada socia de Galivalia y especialista en Administración Local, va un paso más allá e introduce en el debate los mecanismos de control que se reservan los ayuntamientos en los pliegos de contratación «de los que, en la mayoría de los casos, las administraciones municipales se desentienden». Según esta experta, estos pueden ser «más o menos exhaustivos», y como ejemplo cita « la obligación del concesionario de dar cuenta inmediata de las incidencias del servicio , inspecciones constantes sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones previstas por parte de la adjudicataria, de la normativa en materia laboral y Seguridad Social, sistemas de comunicación directa entre ambos y participación activa de la administración en la toma de decisiones sobre las incidencias», entre un largo etcétera.
El caso más reciente de esta falta de control es el de la Empresa Mixta de Aguas de Ferrol. La crisis del agua que dejó a Ferrol y los municipios de Narón, Fene, Ares y Mugardos durante cuatro días sin suministro potable , evidenció la falta de comunicación entre la empresa y el Ayuntamiento , pese a ostentar este último el 51 por ciento del capital de la compañía —el 49 por ciento restante pertenece a Urbaser—. La primera analítica en la que se detectó trihalometano data del 29 de junio y su presencia no se comunicó a la Xunta hasta el día 13 de julio. Tres días más tarde es cuando el gobierno de Jorge Suárez, de Ferrol en Común, dijo haber tenido constancia del problema.
«Apenas una semana después descubrimos que la depuradora de la ría, con contrato desde agosto de 2014, no estaba depurando íntegramente un solo metro cúbico de agua residual », apuntan fuentes municipales, para ejemplificar las consecuencias de la privatización de este tipo de servicios.
Y es precisamente éste uno de los motivos que alega la formación afín al partido violeta para defender el rescate del abastecimiento y saneamiento de aguas, junto al de la recogida de basuras o la gestión de los espacios culturales. Desde el Gobierno municipal mantienen que «es necesario reconsiderar la gestión privada, abaratar el coste y crear empleo desde la Administración» . «Consideramos que sería una gestión más eficiente y controlada, en atención a los intereses de los vecinos y no a los márgenes de beneficio de las empresas. Hay muchas opciones de generar empleo, a través de cuadrillas municipales, por ejemplo», señalan a ABC.
Así es en opinión de los expertos, pero con matices. Tanto Míguez como Zúñiga precisan que una vez rescatado el servicio, el Ayuntamiento « no solo tiene que dotarse de los medios necesarios para la gestión directa , crear estructuras organizativas (organismo público o sociedad mercantil municipal) y disponer de personal administrativo y directivo», sino que, «en la mayoría de los casos, se vería obligado a subrogar al personal adscrito al servicio». «Todo ello supone de entrada un incremento de gasto para la hacienda local, que solo sería asumible si se demuestra que la gestión directa municipal va a ser más barata y eficiente », indica el decano de Derecho de la USC.
Incremento del gasto
Dos son las fórmulas a las que apunta Míguez para abordar la cuestión, bien a través de un contrato administrativo de servicios , «indicado en el caso de prestación indiferenciada, en el que el ayuntamiento asume el coste (limpieza viaria, mantenimiento de alumbrado...)»; o un contrato de gestión de servicio , «cuando la prestación es individualizada y el usuario paga total o parcialmente de manera indirecta (transporte urbano, abastecimiento de agua...)». Eso sí, advierte del coste que supondría el rescate con un contrato administrativo en vigor ya que «extinguirlo anticipadamente exige llegar a un acuerdo económico con el contratista privado», que legalmente tiene derecho a ser indemnizado.
Este es el caso de la ORA en La Coruña. El Gobierno de la Marea Atlántica, liderado por Xulio Ferreiro, tuvo que dar marcha atrás a su intención de remunicipalizar este servicio por el «riesgo económico grave que suponía para el Ayuntamiento y para los trabajadores», tal y como advirtieron los servicios jurídicos municipales. Pese a ello, mantienen que rescatarán las concesiones que sea posible , aunque para ello tenga que hacer frente a los «obstáculos legislativos impuestos por el Ejecutivo central» y que «condenan a los ayuntamientos a que no puedan prestar servicios públicos de calidad», en palabras del propio alcalde.
Más lejos van desde Compostela Aberta. El Gobierno de Martiño Noriega marca su objetivo en recuperar no solo los servicios privatizados, sino en «hacerlo con una perspectiva intermunicipal, colaborando con los municipios vecinos , especialmente Ames y Teo». Hablan del agua, residuos, energía o transporte colectivo, pero también de otros de carácter socio-cultural y deportivo de interés comunitario.
Al igual que hacen desde Ferrol y La Coruña, defienden que de este modo los impuestos de los ciudadanos «no contribuirán a la consecución de plusvalías por parte del gran capital » y, también, que supondría «un aumento del control y la participación ciudadana sobre estos servicios». Hasta el momento, solo el Ayuntamiento de Madrid ha activado la remunicipalización de un servicio, el de Informática.
Precisamente, entre los beneficios de esta decisión la abogada socia de Galivalia refiere « la inmediatez de la relación directa entre el titular del servicio y el usuario , la toma de decisiones sobre la gestión diaria y el ahorro del denominado 'beneficio empresarial', presente en toda concesión administrativa».
Cariz político
En este sentido, respecto a si es posible o conveniente reconsiderar la gestión indirecta de algunos servicios, Zúñiga señala que, «sin perjuicio de todo lo anterior», se trata de una «decisión con un marcado cariz político y económico y que, en esa medida, tiene que ver con los compromisos adquiridos por los gestores públicos con los ciudadanos». Una apreciación que no comparte Compostela Aberta que niega que sea una cuestión ideológica, «sino de ser prácticos y conseguir unos servicios básicos de calidad, universales y que repercutan en el bien común».
La tendencia es clara, apunta Míguez, en el ámbito de la Unión Europa a «potenciar la colaboración pública-privada». Zúñiga, por su parte, pone el acento en que «financiación externa sí, pero siempre que la recuperación de la inversión no comprometa la calidad del servicio».
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