Mariscar al margen de la ley
Los furtivos se enfrentarán con la reforma del Código Penal a condenas de hasta dos años de prisión por esquilmar la costa gallega sin control
El endurecimiento del Código Penal, que pasará a tipificar el furtivismo como un delito condenado con hasta dos años de cárcel en el caso de los reincidentes, ha puesto en jaque a los mariscadores ilegales que pueblan el litoral gallego. De norte a sur, los furtivos aprovechan la falta de luz para esquilmar productos, en muchos casos vedados, con los que más tarde comercian. «No hay problemas para encontrar compradores. Es fácil vender tanto a particulares como a restaurantes», reconoce un exfurtivo a ABC. Arranca la charla con un «mea culpa total por parte del sector», pero subrayando que la responsabilidad está repartida. «Culpable es quien lo coge, quien lo compra y quien lo come», resume para matizar que «donde comen cuarenta, pueden comer cuarenta y cinco».
La posibilidad de enfrentarse a una condena de cárcel de entre 6 meses y dos años «atemoriza» a un sector en el que —reconoce este testimonio— «no siempre hay una conciencia real de querer respetar el mar». Se trata de una sensibilidad que amplía incluso a algunos de los profesionales que marisquean legalmente. «Hay gente coherente en uno y otro lado. No es mi caso. Yo tengo carnet y muchas veces me paso del tope y si puedo cojo veinte en vez de diez». Hablando de los furtivos, explica que algunos «cuando van, van a la carta más alta, como a las reservas en momentos de la veda».
Crítico con la gestión administrativa, este antiguo furtivo que cruzó la línea hacia la legalidad hace unos años carga las tintas sobre el cliente. Tampoco evita comentar los conflictos que enfrentan a los que se amparan en la oscuridad con quienes cumplen respetuosamente con calendarios y tallas.
Sobre esta realidad, fuentes del Servicio de Gardacostas confirman que hay puntos calientes en los que los conflictos entre legales e ilegales son habituales. En ocasiones, estos encontronazos llegan a implicar a los propios agentes que vigilan las costas para evitar que se extraiga producto al margen de la ley . El litoral de Arousa, Boiro, la Ría de Ferrol o la O Burgo son algunas de las zonas marcadas con rojo en el mapa. Pero la guerra entre unos y otros es generalizada en la Comunidad.
Patrullas nocturnas
En el caso de Rinlo, por ejemplo, las percebeiras con carnet peinan las playas durante la noche para evitar que los furtivos esquilmen las rocas. Lo hacen desde la distancia y con precaución porque son conscientes de que, en determinadas situaciones, «actúan con violencia». Ellas aplauden la medida que enviará a prisión a los que sean cazados de manera reiterada.
Las cofradías gallegas apoyan, del mismo modo, una noticia que satisface una vieja demanda del sector. El presidente de la Federación Galega de Cofradías de Pescadores, Tomás Fajardo, espera que esta reforma legal suponga una medida más eficaz para una problemática que afecta desde hace años al sector pesquero gallego. Fajardo tampoco se olvida de los consumidores de este marisco, para quienes exige «actuaciones contundentes».
Al abordar los beneficios que esta actividad al margen de la ley reporta a quienes la practican, el exfurtivo confiesa que se trata de un problema de «mentalidad». «¿De quién te hablo, de los que van al mar a por cuatro kilos o de los que van a Punta Langosteira con las botellas y sacan siete mil euros en una noche?», plantea. Como ejemplo, el último decomiso de percebes en el Puerto exterior de Arteixo que, en plena campaña navideña, fue de 40.000 euros. «En algunas temporadas y con algunas especies, se puede sacar mucha pasta», afirma. A medio camino entre la autocrítica y la complacencia, el exfurtivo deja caer que «hay mucha gente que vive de esto».
108.000 kilos decomisados
Las estadísticas del departamento de Medio Rural revelan que en 2014 se presentaron más de 3.700 denuncias. El Servicio de Gardacostas realizó durante ese periodo 16.400 inspecciones contra el furtivismo, alrededor de 900 más que en el 2013. En total, en 2014 se decomisaron 108.000 kilos de especies ilegales —entre ellas 40.000 kilos de marisco— una cantidad sensiblemente inferior a la registrada el año anterior, cuando se incautaron 240.000, aunque el número de inspecciones y operativos tanto a pie de playa como en carreteras fue mayor debido al aumento de la presión sobre esta actividad ilegal.
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