El conflicto en torno a la hepatitis C deriva en una guerra de nombres

Cumplieron su ultimátum. Este miércoles, y tras abandonar entre gritos y lágrimas la tribuna de invitados del Parlamento , los integrantes de la plataforma gallega de afectados por la hepatitis C ofrecieron tres días a la Consellería de Sanidad para hacer públicos los nombres de los miembros de la subcomisión creada para dirimir en qué casos se concede el tratamiento y en cuáles se deniega. Querían aportar algo de «transparencia» a la gestión de un conflicto, según ellos, con más sombras que luces.

Pero el departamento dirigido por Rocío Mosquera se negó a dar esa información desde un primer momento, al entender que sus nombres deberían quedar en el anonimato para evitar presiones y garantizar la independencia de los profesionales. El argumento no convenció a los enfermos, que ayer revelaron una lista compuesta por nueve personas, todas ellas vinculadas al ámbito sanitario, tanto desde el bando médico como farmacéutico. Pese a asegurar que fue repetidamente contrastada, el propio Sergas envió un comunicado a los medios poco después en donde alegaba que esa composición «no es la correcta». «Ningún cargo de carácter político forma parte de dicha subcomisión», añade el escrito.

Y es que de entre los nueve nombres dados a conocer por la plataforma, tres ostentan un cargo político. En concreto: el director general de Asistencia Sanitaria del Sergas, Félix Rubial; la subdirectora general de Farmacia del mismo organismo, Carolina González Criado y un responsable de la dirección general de Asistencia Sanitaria de la Xunta, José Antonio Valcárcel Nogueira. Pese a su vinculación con la Consellería, a los tres los avalan amplias carreras médicas (en el primer caso) y farmacéuticas (en los dos últimos) por detrás.

Tras descartar la presencia de «directores generales» en esta lista, la Xunta evitó azuzar esta guerra de nombres con más porque, además, «no aportan nada», remarcó a Ep el gerente del Sergas, Antonio Fernández Campa, quien volvió a recordar la necesidad de preservar su intimidad. En todo caso, el portavoz de la plataforma, Quique Costas, no puso en tela de juicio la profesionalidad de los integrantes de esta subcomisión. Es más, en algunos «confían plenamente» porque son médicos de los enfermos.

Lo que cuestiona es la existencia en sí de este órgano, pues entienden que allí «no actúan como médicos». De ahí que los insten a manifestar si están de acuerdo o no con los criterios establecidos, «muy restrictivos y exigentes para que no se cuele nadie», sostiene Costas. «Que digan públicamente si consideran, médicamente, que no se debe tratar a nadie más que a aquellos pacientes a los que se les está autorizando la medicación». Algunos como Ángel, José Francisco o Eugenio, aun estando graves —según denunciaron este sábado desde la plataforma—, siguen a la espera del bote salvavidas.