El ladrón confeso del «Códice» cierra su calvario judicial sin convencer a la Fiscalía

A José Manuel Fernández Castiñeiras ya sólo le queda esperar sentencia. El ladrón confeso del «Códice Calixtino» concluyó este viernes el segundo de los juicios a los que se ha enfrentado este año, el del presunto robo de cerca de 600 cartas de sus vecinos . Tras dos jornadas, las partes expusieron sus conclusiones sin novedad respecto al inicio. La letrada del exelectricista no ha logrado convencer a la Fiscalía. La estrategia de negar lo que ya confesó cuando fue detenido ha fracasado. «Dijo lo que dijo», indicó el fiscal, Antonio Roma.

Aunque con suavidad, criticó a la letrada Carmen Ventoso por haber intentado, en la jornada del jueves, insinuar que fue la Policía quien colocó en casa de Castiñeiras la ingente cantidad de correspondencia hurtada que se descubrió tanto en su vivienda, como en el trastero y en una segunda residencia en la costa gallega. «No cabe plantear la difamación. Es inadmisible y carece de sentido», asevero Roma.

El fiscal tampoco tiene dudas sobre cómo llegaron las cartas al juzgado, una cadena de custodia que cuestionó la defensa para, de nuevo, deslizar la idea de que no hubiera sido su cliente quien las abrió. Roma también aclaró que «da igual que las cartas estuvieran en el suelo, en el buzón o un panel informativo en el portal» del edificio de Castiñeiras, lo relevante es que se apoderara de ellas, máxime cuando en algunas había información de tipo económico o sanitario de los afectados.

Y sobre el objetivo, de nuevo lo da por seguro: poseer información privilegiada. Al informe del psicólogo sobre un posible trastorno obsesivo compulsivo no le da valor y recuerda que Castiñeiras se negó a ser examinado por el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).

En una línea similar, aunque más incisiva, se expresó la acusación, que insistió en la «voluntad de hacer daño» con la que habría actuado el sospechoso a lo largo de varios años. Pidió contundencia para «no sentar un mal precedente». Cerró entonces el juicio —dado que Castiñeiras no utilizó el alegato final— la abogada defensora, cuyas conclusiones estuvieron salpicadas de ironía.

Se aferró a que el acusado se desdijo de lo afirmado en 2012 y volvió a cuestionar el periplo de las cartas desde el domicilio del exelectricista hasta dependencias policiales en Madrid, su regreso a la comisaría de Santiago y su traslado final a los juzgados de la capital tras varios meses. Además, apuntó que «el ánimo de descubrir los secretos no se ha probado». Por todo ello, solicitó la libre absolución de su cliente.