La Diputación de León pagó a una firma vinculada a un «conseguidor» de Púnica

La presunta vinculación de Marcos Martínez Barazón, en prisión preventiva desde hace dos semanas, con la operación Púnica y especialmente con uno de sus supuestos cabecillas, el empresario Alejandro de Pedro Llorca, también en la cárcel, podría haber avanzado sustancialmente después de que el juez Eloy Velasco, encargado del caso, requiriera el martes documentación de urgencia a la Diputación de León, que reconoció pagos de 105.000 euros a la empresa Madiva Editorial, vinculada al considerado como uno de los «conseguidores» de la trama.

Fue a las 11,41 horas del martes cuando el magistrado exigió a la institución que antes de las doce del mediodía de ayer remitiera la documentación que obrara en su poder respecto a la mercantil Madiva, una sociedad que comparte sede social en Valencia con EICO Reputation Management SL, consultora dedicada a la reputación e identidad digital de personas y organismos públicos, y de la que De Pedro Llorca es apoderado, consejero y presidente. Aunque no se ha concretado oficialmente la relación entre De Pedro y la firma «amiga», se da por hecho de que el empresario de origen vasco tendría el «control» de Madiva, a través de la cual «ejecutaba» los acuerdos alcanzados con responsables de distintas administraciones para crear una amplia red de medios digitales dedicados a ensalzar la imagen de los políticos, entre los que se encontraría el propio Martínez. Así, según informó ayer la institución provincial, que envió en tiempo y forma la documentación solicitada, el total de pagos realizados a esta empresa asciende a 105.038,30 euros en el periodo comprendido entre el 5 de mayo de 2012 y el 21 de octubre de 2014. Estas fechas confirman que fue la expresidenta Isabel Carrasco la que habría contratado los servicios de Madiva -posiblemente a través de Alejandro de Pedro- consistentes en principio en la elaboración de varias páginas web (leonactualidad.es entre ellas) y de un blog personal -Madiva no confirma su autoría- heredados por Martínez Barazón, que mantenía ambas plataformas en las que se volcaban los actos protagonizados por el ya expresidente de la Diputación.

Sería a raíz de esta relación «comercial» cuando podrían haberse producido las conversaciones grabadas entre Martínez y De Pedro en las que supuestamente se habría hablado de posibles comisiones para el también exalcalde de Cuadros a cambio de la adjudicación de unos contratos vinculados a la estación de San Isidro y a Intur -fue la documentación que se llevó la Guardia Civil de la Diputación- y de que el empresario, según rezaba el auto del juez que envió a prisión a Martínez , mediara para que éste mantuviera el cargo en la Presidencia de la Diputación de León y lograra el del PP. La petición del juez y su contestación fue explicada ayer a los portavoces de los grupos de la Diputación. Desde UPL, Lázaro García Bayón, reconoció que no se había detallado -tampoco lo preguntaron- los conceptos por los que se habían realizado estos pagos, «aunque también es cierto que todos sabemos que esta es la empresa con la que ya trabajaba Carrasco para mejorar su posicionamiento en internet y para hacer un ‘lavado de imagen’».

Según dijo, «irán saliendo más cosas», porque «de entrada parecía absurdo que por tres contratos (dos cafeterías en San Isidro e Intur) que ni siquiera estaban adjudicados todavía y cuyo importe no era tan elevado, si se tiene en cuenta que la Diputación maneja un presupuesto de 130 millones, se pudiera haber llegado a esto».

La institución provincial, a través de su presidente en funciones, Lupicinio Rodrigo, también informó de que el interventor de la Diputación, Jesús López , figura citado como testigo en las diligencias previas de esta instrucción y no como imputado, como se informó inicialmente. Como consecuencia de esta condición procesal, se puso en conocimiento de los diferentes grupos políticos la decisión de revocar el acuerdo adoptado en la junta de gobierno del pasado 7 de noviembre que solicitaba a la Junta la incoación de expediente disciplinario y, en su caso, la adopción de medidas cautelares.