operación púnica

Marcos Martínez: «Mi situación es injusta. Soy totalmente inocente»

Confirma su renuncia como presidente de la Diputación de León y regidor de Cuadros, pero mantiene las actas

Marcos Martínez: «Mi situación es injusta. Soy totalmente inocente» ical

rosa álvarez

Ocurrió según lo previsto. El hasta ahora presidente de la Diputación de León y alcalde del municipio leonés de Cuadros, Marcos Martínez Barazón, comunicó ayer a la institución provincial, al Partido Popular y al Ayuntamiento que dirige su «dimisión y renuncia» a los cargos públicos que ostentaba hasta el momento con el fin de «no perjudicar el normal desarrollo de las instituciones». No obstante, mantendrá sus actas, con lo que se garantiza una plaza -como no adscrito- en ambas administraciones.

A través de un escrito -el primero firmado de su puño y letra que se hace público desde su detención el pasado 27 de octubre y posterior ingreso en prisión, donde precisamente lo rubricó y entregó en la visita familiar del fin de semana- Martínez Barazón hace hincapié en su honradez asegurando que su situación procesal «es injusta» y que, por lo tanto, seguirá proclamando su «inocencia en todo momento». «No se me puede achacar la realización de ninguna actividad ilícita penal», sostiene en el texto entregado por su abogado, Ricardo Gavilanes, al tiempo que se desliga de los delitos que se le imputan en el auto del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid, dentro de la operación de corrupción política y económica Púnica. «Soy totalmente inocente», proclama.

El viernes, nuevo presidente

En un documento remitido al registro de la sede provincial del PP de León, Martínez Barazón también solicitó su «baja» de esta formación política por la que concurrió a las últimas elecciones locales y de cuyo grupo de diputados ha formado parte hasta la fecha. El presidente del PP de León, Eduardo Fernández, señaló ayer que ya se ha tramitado su baja «inmediata» de militancia en estas siglas, dado que «abandona la formación política a petición propia». Un hecho que agiliza «en no menos de tres semanas» las gestiones emprendidas por el partido en los últimos días para apartarlo de sus cargos y expulsarlo del PP. Así, confesó que se trata de una «buena noticia» que permitirá «normalizar» la situación de las instituciones que hasta hora dirigía Marcos Martínez, pese a que le hubiera gustado que, teniendo en cuenta su estado procesal, también devolviera las actas.

Según Fernández, a partir de este momento, el grupo popular en la Diputación queda conformado por los miembros restantes. Un cambio del que se dará cuenta en un pleno extraordinario convocado para la mañana de hoy y que precederá al que tendrá lugar este viernes, en el que se informará de la elección del nuevo candidato a presidir la institución provincial, Emilio Orejas, que tomará posesión ese mismo día. «El viernes ya tendremos nuevo presidente», subrayó Fernández.

Tras su detención el pasado 27 de octubre por su presunta implicación con una red corrupta destapada por parte de la Audiencia Nacional, Marcos Martínez ingresó en prisión incondicional y sin fianza el día 30 por haber puesto en marcha, según consideró al juez Eloy Velasco, procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro, «a cambio de que éste hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León». Además, según el auto, Martínez «tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude».

El juez justificó la prisión incondicional (está en el penal madrileño de Navalcarnero) por «el riesgo de fuga», por «la alta probabilidad de reiteración delictiva» y para evitar que pueda alterar pruebas. A juicio del magistrado, la posibilidad de fuga se deriva tanto de «la pena que pudiera ser impuesta» como de «la facilidad que tiene el implicado, tanto por sus recursos y medios, de acudir al extranjero y sustraerse así de la acción de la Justicia española».

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