Declaran como imputados los miembros del grupo de gobierno de Silverio Matos

El día 5 de noviembre están citados a declarar los miembros del grupo de gobierno de Silverio Matos (Nueva Canarias), exalcalde de Santa Lucía de Tirajana en el mandato 2003-2007, por el llamado «caso Palmera» , que investiga presuntos delitos en unos convenios firmados por el ayuntamiento sureño para liberar suelo donde instalar parques eólicos al amparo de las subvenciones europeas para energías renovables.

Según una diligencia del juzgado de primera instancia nº4 de San Bartolomé de Tirajana del pasado 10 de octubre, esa es la fecha por la que se convoca a los que eran ediles en ese momento Aurelio Falcón Deniz, Inmaculada Concepción Ramírez Marrero (hermana del dirigente Carmelo Ramírez), Juana María Alvarado Santana, Juan Antonio García Cubas, Francisco José García López y Ramón J. Ramos Rodríguez. De la misma manera, están imputados José Luis Alemán Suárez, de la Sociedad Agraria El Águila, y Antonio Marcial Sánchez Franco, de Inmuebles Comerciales La Mareta. La declaración de Inmaculada Ramírez es considerada por la acusación popular y la fiscalía como clave en este proceso.

El día 5 no fue la primera fecha que se barajó, pero sí la última en la que se ha podido conseguir compatibilidad de agenda entre el ministerio público y las defensas, tras haberse señalado sucesivamente para tomar estas declaraciones los días 20 y 21 de octubre, en los que no había disponibilidad de todas las partes.

Para pocos días después de ese 5 de noviembre se espera la presentación del escrito de acusación de la fiscalía, en manos de Tomás Fernández de Páiz, de vital importancia para conocer el relato de los hechos que hace el ministerio público acerca de esta presunta trama de corrupción, descubierta a partir de la acción de Rufino Pérez, exconcejal de la corporación por el CCN-Ansite y que aparece como denunciante personado en la causa desde su inicio, en 2007.

El acto determinante de este caso de presunta corrupción es un pleno celebrado el 11 de enero de 2005, para la creación de un parque eólico en terrenos adquiridos por el triple de su valor de mercado, unos 600.000 euros por dos hectáreas que habían sido tasadas en alrededor de 250.000 euros. La disponibilidad de terreno era determinante para poder aspirar a las jugosas subvenciones europeas destinadas a parques eólicos y otras energías renovables.

La investigación corrió por cuenta de la Guardia Civil, donde Rufino Pérez registró su denuncia. Entre otros asuntos, la Benemérita ha estudiado movimientos millonarios de dinero al exterior -presumiblemente, a paraísos fiscales- que se produjeron durante la Operación Palmera.