La pista de baile que se convirtió en gran morgue

El 14 de enero de 1990, la discoteca Flying de Zaragoza se convirtió en pira mortal y, en cuestión de minutos, en morgue forzada. Cuarenta tres vidas se llevó por delante un incendio que socarró alientos mientras sonaba la música, con orquesta en directo.

Veinticinco años han pasado de aquello y la tragedia continúa presente en carne viva en las víctimas y los familiares de los que perecieron. Carne viva –dicen– no solo por el dolor del recuerdo y de las ausencias de seres queridos, sino por la sensación de impunidad que les ha quedado.

Tras más de veinte años luchando en los juzgados, hace meses que se dieron por vencidos. Lo intentaron por la vía penal, por la civil y por la contencioso-administrativa. Pero, pese a que se trató de una tragedia reconocidamente punible, nadie les ha indemnizado. Nadie, más allá de unas mínimas cantidades que algunos recibieron poco después de ocurrir los hechos.

Estos 25 años transcurridos han dejado sentencias que reconocen que en lo ocurrido hubo responsabilidades. Se apuntó directamente al encargado del local, por no haber dado la voz de alarma a tiempo, pero años después murió sin abonar lo que la Justicia le marcó hace casi 23 años: 60.000 euros por víctima mortal y más de 200.000 euros para una superviviente a la que le quedaron gravísimas secuelas. En total, 200 millones de pesetas de las de entonces. Pero el encargado no pagó. Murió hace años y sus herederos legales no han aparecido, ignorados para la Justicia.

La alternativa era que respondiera el propietario de la discoteca, como declarado responsable subsidiario. Pero tampoco pagó. Condenado por insolvencia fraudulenta para no responder económicamente de lo ocurrido, le cayó una pena de dos años de prisión. Y ahí quedó el asunto por la vía penal.

Visto lo visto, los damnificados lo intentaron por la vía civil y por la contencioso-administrativa. Fueron contra el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno aragonés, pero sin éxito. El verano del año pasado, la Audiencia Provincial de Zaragoza dio carpetazo definitivo eximiendo de responsabilidad a esas administraciones. Los damnificados consideraban que no actuaron correctamente y que las instalaciones recibieron permisos sin estar en las condiciones adecuadas.