Los regantes recurrirán el Plan del Júcar si no da más agua al Vinalopó
Llegarán a Bruselas por no cumplirse el trasvase, pese a las ayudas de 120 millones
Los regantes alicantinos presentarán un recurso contra el Plan de Demarcación del Júcar en el Tribunal Supremo, además de interponer una demanda ante el Tribunal Constitucional y elevar una queja a Europa, si no se modifican las condiciones del documento que consideran discriminatorias en comparación con las que concede a los agricultores valencianos y manchegos. Y, sobre todo, porque ven el trasvase al Vinalopó como una «entelequia imposible de cumplir» por los requisitos que se exigen, cuando la UE financió esta infraestructura con 120 millones de euros.
Así lo votará la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja, el próximo 1 de octubre, a propuesta de su presidente, Andrés Martínez, quien –además de modificar el plan de demarcación– considera prioritario cerrar antes del próximo Consejo Nacional del Agua el convenio para poner definitivamente en marcha el Júcar-Vinalopó, tanto para regadío como para abastecimiento, con «equilibrio financiero».
Entre las restricciones que han sublevado a estos regantes está la reducción a 48 hectómetros cúbicos de las extracciones posibles a partir de 2027 –cuando para abastecimiento urbano se consumen ya más de 70– y el no reconocimiento de la asignación de 193 hectómetros –que son de los que disponían hasta ahora, aunque los acuíferos se quedan muy lejos de cubrir esa demanda–. Asimismo, piden que la asignación de 80 hectómetros al Júcar-Vinalopó debería hacerse directamente sobre los ahorros generados gracias a las obras de modernización.
Por otro lado, reclaman que la zona de Los Llanos en Albacete se considere un «sistema» igual que el Turia en Valencia y el Vinalopó-Alacantí alicantino, para que la citada zona de Castilla-La Mancha no tenga preferencia respecto a Alicante, como ocurre ahora. Máxime, cuando allí «se han incorporado progresivamente cultivos no rentables y subvencionados por Europa, a diferencia de los levantinos».
Si no se atienden estas demandas –la semana próxima se reunirán con el secretario de Estado de Medio Ambiente , Pablo Saavedra–, las consecuencias económicas pueden resultar desastrosas: «desaparecerán 52.000 hectáreas de cultivo, se perderán 30.000 puestos de trabajo (más indirectos) y 250 millones de euros de rentabilidad agrícola anual, peligrará el abastecimiento para más de 300.000 habitantes y la barrera de desertización avanzará hacia el norte», con medio millón de metros cuadrados perdidos de mancha verde.
Obras de emergencia
Mientras, el Consejo de Ministros autorizó ayer obras de emergencia por importe de 6,9 millones de euros, destinadas a combatir los efectos de la sequía en la cuenca del Júcar. Se trata de la reparación de la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio , la conexión de la desaladora de Muchamiel con la conducción y refuerzos en la presa de Beniarrés (Alicante); rematar la duplicación del tramo Ramellat-Obturador, y una balsa de regulación para regadíos de la Real Acequia de Moncada . También se aprobó una inversión de 8,5 millones de euros para reparar los daños causados por las inundaciones de principios de año.
