Guerrero apunta a Viera y Fernández y deja de declarar «por cansancio»

La segunda jornada de interrogatorio al ex director general de Trabajo de la Junta andaluza y principal imputado en el caso de los ERE falsos, Francisco Javier Guerrero, se aplazó ayer tarde hasta hoy cuando el imputado expresó su indignación al ser interpelado por la jueza Mercedes Alaya sobre por qué había regalado dinero del erario público. «¿Me puede explicar por qué regaló dinero del erario público sin tener siquiera una solicitud de ayuda?», le preguntó la jueza. Guerrero respondió que se sentía «indignado» porque «ha habido una clara intención de disparar contra mí». Añadió, sobre este extremo, que él «no es nadie en el aparato del partido, para salvar la honorabilidad de otros y denigrarle a él y su familia», dijo ante la juez, tras lo cual la declaración se suspendió porque el imputado manifestó que estaba cansado después de una comparecencia de cuatro horas por la mañana y dos por la tarde.

La juez comunicó entonces a los letrados presentes que hasta el momento solo le ha hecho 75 de las 144 preguntas que tiene preparadas para el principal imputado por los ERE irregulares, por lo que hoy reanudarán la declaración.

El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social, centró su segundo día de declaración fundamentalmente en la figura del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, quien, según dijo, fue la persona que fijó los «criterios» para conceder las ayudas sociolaborales «de forma discrecional y sin publicidad», aunque «supone» que Viera hablaría de tales «criterios» con el Gobierno andaluz, «que le daría su respaldo».

En su declaración ante la jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE), Guerrero también nombró al exconsejero Antonio Fernández, quien le habría dado «indicaciones» para que se otorgaran tres millones en ayudas a las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.

«Todo el mundo sabía de esas ayudas, que se otorgaban de forma discrecional y sin orden reguladora, y nadie puso reparos», dijo el imputado refiriéndose al «IFA -antiguo Instituto de Fomento de Andalucía-, Consejería, consejero y viceconsejero», y añadió que «la idea», por tanto, de conceder las ayudas de este modo «no fue suya», sino que «fue una idea política; eran directrices del consejero y del viceconsejero», llegó a decir Guerrero durante su declaración ante la magistrada.

El imputado aseguró que él quería que estas ayudas fueran repartidas de forma «universal» y que, para ello, elaboró órdenes y decretos «que llevó al Consejillo -presidido por el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías-, pero una vez allí no las vieron». Afirmó, en torno a este tipo de ayudas, que eran «como un producto de mercado» para organizaciones sindicales, despachos y comités de empresa, según las fuentes del caso consultadas.

Centrándose en Viera, Guerrero añadió que Viera realizó «indicaciones verbales» para que se ayudara al sector del corcho de la Sierra Norte de Sevilla, todo ello «a pesar de que en otros lugares también se fabricaba corcho», y que, una vez dejó de ser consejero, siguió «influyendo» para que se concedieran ayudas públicas a las empresas del exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo y su persona de confianza, José María Sayago.

Ayudas excesivas

Estas ayudas «eran excesivas», pero eran «una imposición» de Viera, el cual, «una vez dejó de ser consejero, siguió influyendo» para que se ayudara a este grupo empresarial y, para ello, no dudó en «pedirme que ampliara la partida presupuestaria». Además, Viera «adquirió con anterioridad a 2001» un «compromiso» con la Sociedad de Desarrollo Local para ayudar económicamente a la celebración de la Feria Gastronómica de la Sierra Norte quue se celebra anualmente en El Pedroso.

Igualmente, el imputado señaló que el exconsejero de Empleo dio «órdenes» para otorgar una subvención de 30.000 euros al Ayuntamiento de El Pedroso para un plan de prevención, todo ello «con el informe desfavorable» de la Junta.

Al término de la sesión, Guerrero no quiso hacer manifestaciones a los periodistas, aunque aseguró que se siente «cómodo» con la manera en que se está desarrollando el interrogatorio. Fuentes de la defensa del ex director general indicaron que tiene intención de responder a la jueza, al fiscal y a su defensa, pero no a las varias decenas de abogados personados en nombre de las acusaciones particulares y el medio centenar de imputados en la causa.