El escándalo de las ayudas salpica a un inversor vasco que recibió cinco millones

Alejandro Manuel Dávila Ouviña, el empresario gallego de A Pobra encarcelado por el escándalo de las ayudas del Plan Bahía Competitiva, no es el único inversor que está siendo investigado por la Udyco de Sevilla como sospechoso de haber desviado subvenciones millonarias, con las que debía haber creado empleo en Cádiz.

En la investigación de esta supuesta trama, ha aparecido también como sospechoso el empresario vasco G. R. G., que recibió al menos cinco millones y medio de euros del citado Plan Bahía Competitiva para crear dos proyectos en la provincia: la empresa Sostenibilidad Ecología Agua S. L. (por la que recibió tres millones) y Bagazo S. L. (2,6 millones). Ambas compañías se constituyeron en noviembre de 2009 y se establecieron en el Centro de Empresas ReTSE de la Junta, en el Parque Tecnobahía de El Puerto, aunque hace meses que las dos abandonaron las oficinas.

Resulta curioso que en plena investigación a las irregularidades de las ayudas, la Agencia IDEA concediera al empresario una subvención de 1,54 millones de euros para Sostenibilidad Ecología Agua, para construir una planta en el mismo polígono de Tecnobahía. Según la referencia del Consejo de Gobierno del pasado 28 de junio, «el proyecto total supondría una inversión total de 18,25 millones y la creación de 15 empleos para comercializar equipos de patente propia e inéditos en el mercado español para aprovechar en cisternas y riegos de jardines las aguas procedentes de lavabos, duchas y lavadoras».

En el mes de abril del pasado año, cuando la Junta denunciaba la supuesta estafa de Ouviña ante la Fiscalía, el inversor creaba otra compañía llamada Atlántica Biopharma S. L., que apenas duró seis meses, pues cerró el pasado mes de octubre. En esta caso, la empresa tenía su domicilio social en Alcalá de los Gazules, en el polígono industrial de La Palmosa que Dávila Ouviña había comprado al ayuntamiento alcalaíno y que estaba en plena urbanización antes de saltar el escándalo. Este es solo uno de los vínculos que existen entre G. R. y Ouviña. El despacho de Ana Isabel Fuentes Mateo es otro de los puntos en común entre Dávila Ouviña y el empresario, pues ambos la tuvieron como apoderada de sus empresas en algún momento y recurrieron a ella para tramitar las ayudas. El origen de la relación entre Fuentes Mateos y los supuestos defraudadores no está demasiado clara. Se trata de una economista vallisoletana que recaló en El Puerto en 1994, desde entonces siempre ha operado desde su despacho particular sin que se hayan registrado denuncias por mala praxis.