Chiclana

«Tratan de oficializar las 4.000 sanciones impuestas»

El PVRE consigue una copia de las Normas Transitorias de Urbanismo y critica la falta de voluntad para llegar al consenso

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El Partido Vecinal Regionalista (PVRE) ha puesto en conocimiento de la población la copia de las Normas Sustantivas Transitorias de Urbanismo para el municipio que les ha llegado «y no por parte del Ayuntamiento», tal y como matizaron en una nota de prensa. El texto ha sido elaborado en base al artículo 35.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, tras la anulación por el Tribunal Supremo del PGOU anterior y «creemos que han sido elaboradas por técnicos de Urbanismo de nuestro Ayuntamiento, a juzgar por su contenido».

Para la formación llama poderosamente la atención que este documento tan importante para el desarrollo socio-económico de la ciudad, no haya sido consensuado con el resto de fuerzas políticas de la localidad, así como que no haya sido entregada copia oficial a los grupos de la oposición para su adecuado estudio y análisis exhaustivo, previo a su aprobación definitiva.

En dichas normas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 47 de la Constitución, debe primar el interés general. Por otro lado, el artículo 6 de la LOUA establece explícitamente que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los procesos de elaboración, tramitación y aprobación de instrumentos de ordenación y ejecución urbanísticas.

«Debemos recordar al Gobierno local que la oposición supone la mayoría que representa al pueblo y tanto PSOE, como IU, así como nuestro partido, representamos a ciudadanos de Chiclana. Uno de nuestros compromisos es defender los intereses de todos los chiclaneros, a los cuales ofrecemos, desde este momento, cualquier tipo de asesoramiento relativo a las mencionadas normas sustantivas transitorias».

De un primer análisis de dichas normas transitorias, el colectivo destaca varios aspectos. Por un lado, que la Corporación «pretende imponer, de manera unilateral», la aplicación inmediata, íntegra y directa de distintos apartados y entre otras cosas, «tratan de oficializar las más de 4.000 sanciones impuestas, cuya legalidad se ha puesto en tela de juicio con la anulación del PGOU del año 2007».

Esta intención de imponer dichas normas como señala el PVRE «es intolerable, roza la prepotencia y la inconsciencia política, pues le puede llevar a situaciones no deseadas por ellos mismos».

Por otro lado, a la formación le llama la atención los cambios «aleatorios y sorprendentes» en las clasificaciones del suelo, es decir, que al parecer y tal como señala el partido hay ámbitos que anteriormente eran urbanos no consolidados, con miles de viviendas construidas y habitadas, que podrían pasar a ser espacios especialmente protegidos, como es la zona de Hozanejos. Pero también al contrario, zonas que eran de especial protección, aparecen en las normas como suelos consolidados en ejecución del PGOU. «La verdad, es que no sabemos a qué PGOU se refiere, puesto que ya creíamos que la Corporación tenía claro que el PGOU anterior fue anulado definitivamente por el Tribunal Supremo».