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La jueza cita a declarar a cuatro ex asesores del Ayuntamiento
Tendrán que acudir al Juzgado de Instrucción número 3 como testigos por la denuncia de Pedro Pacheco contra la alcaldesa
JEREZ. Actualizado: GuardarEl culebrón judicial por la denuncia presentada por el ex alcalde Pedro Pacheco contra la actual primera edil, Pilar Sánchez, por las contrataciones -según él, posiblemente irregulares- de 32 asesores y altos cargos municipales, está a punto de escribir un nuevo capítulo. La jueza que lleva el caso está a punto de cita a declarar como testigos a cuatro de ellos para den sus versiones de los hechos.
Cabe recordar que Pacheco reclamó la declaración de esas 32 personas -a las que en su momento también se planteó demandar-, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 3 no estaría por la labor de citarlas a todas, al menos de momento. Según han asegurado a LA VOZ diferentes fuentes, llamará inicialmente sólo a cuatro: Juan Carlos Jiménez, Dolores Caravaca, Rubén Pérez y África Becerra.
Ingresos
Juan Carlos Jiménez es marido de la alcaldesa y ex jefe del Gabinete de Alcaldía. El abogado de Pedro Pacheco, Felipe Meléndez, solicitó que la jueza pidiese al Ayuntamiento que remitiese la certificación acreditativa de los ingresos, «con detalles de cantidades y conceptos que haya recibido con carácter anual entre los años 2003 y 2010».
Las otras tres personas que serán llamadas a declarar coinciden entre sí en que, en su día, figuraban como demandantes inscritos en el Servicio Jerezano de Inserción Laboral (Serjil). El propio Meléndez destacaba en su escrito que se da la circunstancia de que las tres «tienen números sucesivos de inscripción y curiosamente participan para obtener plaza laboral en concursos efectuados por el Serjil en fechas sucesivas».
Dolores Caravaca figura en el concurso para una plaza de agente de dinamización social; Rubén Pérez para una de delineante; y, por último, África Becerra -actual delegada de Medio Ambiente- para otra de técnico de proyectos medioambientales.
Las fuentes consultadas por este medio señalan que la jueza se habría puesto en contacto con el Ayuntamiento, a través de uno de sus abogados, para que le facilitase la dirección a las que remitir las notificaciones correspondientes a esas cuatro personas. Esa petición se habría producido hace apenas un par de días, por lo que los afectados podrían empezar a recibir las mismas en fechas próximas. Y será en los escritos correspondientes donde se especifiquen las fechas en las que deberán acudir al Juzgado de Instrucción número 3 para declarar, algo que cabe recalcar que harán como testigos, en ningún caso como imputados.
El caso
La querella de Pedro Pacheco acusa a la alcaldesa de Jerez de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad, nombramiento ilegal y tráfico de influencias, en el proceso de contratación de más de una treintena de asesores, la mayoría de los cuales cabe reseñar que fueron cesados el pasado mes abril como medida de contención del gasto. La defensa legal de la primera edil sostiene, sin embargo, que estas contrataciones fueron realizadas «con plena e indiscutible legalidad».
Ya indicó en su día, además, que la figura de asesor, como personal eventual, está contemplada en el estatuto básico del empleado público y en el régimen de base del estatuto local, para tareas de confianza. Y que está demostrado que «todas estas personas realizaron la contraprestación» por la que fueron pagados. Añadía que esa querella es «una respuesta» a las diligencias que se instruyen en el mismo juzgado contra el ex alcalde, dentro de un proceso iniciado por una denuncia del actual gobierno municipal y en las que está actuando la Fiscalía Anticorrupción.
El ex andalucista pretende demostrar en la querella que Pilar Sánchez, «prevaliéndose del cargo de alcaldesa, trazó un plan de contratación de asesores y cargos de responsabilidad» con muy elevadas retribuciones económicas, «sin apoyo legal alguno y quebrando los principios de transparencia, publicidad y concurso público». El letrado de Pacheco, Felipe Meléndez, indicó meses atrás a LA VOZ que en el escrito correspondiente también se deja bien claro que los mismos se llevaron a cabo «basándose en relaciones personales» y en algunos casos además «determinados puestos de trabajo están vacíos de contenido».