Tras las prisiones madrileñas de Soto del Real, Aranjuez, Alcalá, Navacarnero y Valdemoro, la provincia de Cádiz concentra, hoy por hoy, el mayor número de presos que cumplen condena por su pertenencia a la banda armada ETA. Al menos, según las cifras del mes pasado que contabiliza Exerat, una organización que pretende atender a dichos reclusos desde el País Vasco, hay 600 internos relacionados con dicha formación violenta, repartidos por 82 prisiones de España y Francia, pero también de Inglaterra y Canadá. Sólo 19 de ellos se encontrarían recluidos en centros penitenciarios del País Vasco.
En el caso de Cádiz, 21 de entre todos ellos, radican en El Puerto de Santa María y otros 12, en Algeciras. Precisamente, en esta última macrocárcel cumplió la última parte de su condena por múltiples asesinatos el etarra Iñaki de Juana Chaos, antes de que se le mantuviera el auto de prisión hasta su posterior y controvertida condena por amenazas: «Ciertos medios de comunicación atizaron el fuego», afirma Txema Montero, quien ayer sábado pronunció una conferencia en los cursos que la Universidad de Cádiz organiza en San Roque. «Casos como el de De Juana nunca fueron tratados con la virulencia mostrada por algunos medios españoles. Alemania, Italia, Francia y el Reino Hunido han puesto en libertad a terroristas condenados a cadena perpetua o largas penas (Moehaupt, Faranda, Bidart y el carnicero de Belfast) con irritación contenida de los medios de prensa más recalcitrantes pero sin el tremendismo local. Solamente en Turquía podemos encontrar un paralelismo con lo aquí acontecido. Estuve como observador de la Unión Internacional de Abogados para asistir al proceso de Ocalan, líder del PKK. Cuando dio comienzo la vista la mayoría de los medios coincidieron en el mismo titular, Día del ajuste de cuentas».
Montero recordó, eso sí, que Iñaki de Juana Chaos volvió a prisión tras haber recibido tratamiento hospitalario para cumplir la condena de tres años por dos escritos en los que el Tribunal Supremo encontró evidencias de amenazas: «Si alguna vez se vuelve a negociar con ETA, habrá que comenzar la negociación por el final y no por el principio. Esto es, tendrán que entregar las armas primero, porque ya nadie se fía de que no vuelvan a utilizarlas», vino a decir Montero. Abogado, llegó a ser eurodiputado de Herri Batasuna hasta que importantes diferencias con la izquierda abertzale así como sus críticas a la actuación de ETA a partir del atentado de Hipercor, llevaron a su expulsión por parte de la coalición: «Ese es un mundo en el que pesa también mucho la trama social -explicó-. Hubo quien me dijo que pensaba como yo pero que no se atrevía a decir y hacer lo mismo porque con quién iban a poder cenar el viernes». Dos días antes y en ese mismo escenario, lo había dicho Julio Anguita, ex coordinador general de Izquierda Unida: «Si el Gobierno acercara los presos al País Vasco acabaría con uno de los principales focos de retroalimentación del entorno etarra». En el penal portuense se encuentra destinado Josu Uribertxeberría Bolinaga, llevado sin embargo a Langraitz por su delicado estado de salud, tras que le fuera extirpado el riñón izquierdo como consecuencia de un carcinoma que le obliga a controles urológicos de por vida. En mayo de 2006, cuando no existían grandes dudas en torno al llamado proceso de paz hoy definitivamente roto, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero procedió al acercamiento de seis presos de ETA a cárceles más cercanas al País Vasco. Tres de ellos, cumplían condena en la provincia gaditana: se trataba de Iñaki Rekarte, que pasó a Salamanca, Ziortza Fernández, quien fue enviada de Puerto II a Valladolid e Idoia López de Riaño, la célebre Trigresa, que fue llevada desde esa misma prisión portuense a la de Badajoz.
¿Por qué este afán de confinar a los etarras en la provincia gaditana? Quizá las especiales medidas de seguridad de dichos centros penitenciarios les conviertan en el lugar idóneo para encarcelarles sin demasiado riesgo de fuga. Pero también la distancia que media entre Cádiz y Euskadi, prácticamente antípodas en el mapa de la Península, convierta a esta provincia en el lugar más lejano al que pueden llevarles sin tener que cruzar el mar. A fin de cuentas, Andalucía también se lleva la palma en cuanto a comunidades autónomas que cuentan con tan peculiares reos. A los 21 de Cádiz, habría que sumarles otros 70, repartidos de la siguiente forma: 16 en Almería, 13 en Jaén, otros tantos en Albolote (Granada), 12 en Huelva, 10 en Córdoba y 6 en Málaga. La semana en la que la España democrática volvió a llorar el asesinato de Miguel Ángel Blanco diez años después, también vio como la Guardia Civil reforzaba controles en las carreteras y otros puntos sensibles del mapa gaditano, en previsión de cualquier acción terrorista. Teórico de la llamada tercera vía para encontrar la paz en el País Vasco, Montero forma parte ahora de la Fundación Sabino Arana, el think tank del Partido Nacionalista Vasco: «El atentado en la T-4 de Barajas produjo una sensación de incredulidad primero y de silencioso reproche contra ETA sí, pero también contra quienes habían validado un proceso en condiciones tan inestables. Y finalmente una amarga sensación al evidenciar los límites de la política cuando se trata de graves asuntos como el uso del terror y la ausencia de una posición común entre quienes lo combaten desde la democracia».
