La nulidad de parte de las escuchas telefónicas que sustentan la investigación de la operación Karlos aún no es definitiva. En los autos judiciales de los días 11 y 14 de agosto en los que se decretaba la libertad bajo fianza de los dos únicos imputados hasta ahora en prisión preventiva, el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero, y el inspector médico Francisco Casto Pérez Lara, y se admitía la nulidad parcial de los pinchazos, se apuntaba la posibilidad de recurso; y la Fiscalía se acogerá a ella.
La fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Ángeles Ayuso, explicó ayer que «no compartimos la nulidad y vamos a recurrir, porque vamos a seguir haciéndolas valer como prueba en la operación Karlos» -en la que se destapó una trama de falsificación de informes médicos para la percepción de pensiones por invalidez-. En este sentido, insistió en que «no hay nada nulo todavía» y recordó que sobre ello tendrá ahora que pronunciarse la Audiencia Provincial de Cádiz.
No obstante, matizó que si desde el Ministerio Fiscal se apreciase que esas escuchas supusieran una intromisión en la vida privada, es decir, conculcasen el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones telefónicas «no lo apoyaríamos como prueba», pero incidió en que «estamos convencidos de que esta prueba -las escuchas- es regular y por un error no puede llevarse a la nulidad».
Más recursos
Pero los recursos no acaban en la Fiscalía. El abogado defensor del inspector médico, Felipe Meléndez, ha presentado dos en lo que va de semana y atañen a los dos autos dispuestos por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz, Jorge Israel Bartolomé Moriano, relativos a la nulidad total de las escuchas y a la libertad bajo fianza de su patrocinado..
El primero de los recursos, presentado el pasado jueves -se daba un plazo de tres días- ante el Juzgado que instruye el caso, es de reforma y atañe a la cuantía de la fianza exigida al facultativo y por el que se reclama su devolución. Para Meléndez resulta cuanto menos «incongruente» la exigencia de 50.000 euros para su puesta en libertad, máxime cuando el propio juez considera en este auto que esas escuchas -sólo las comprendidas entre los días 23 y 26 de enero de este año- son un pilar de «dudosa constitucionalidad» y que presentan «grietas» que «amenazan la solidez de la estructura básica de los resultados de la investigación penal».
A este recurso se suma otro de de apelación, que Meléndez presentará hoy mismo, día que expira el plazo legal para ello -cinco días a contar desde el pasado 11 de agosto, día en que se notificó el auto- y en el que se reitera que se estime la nulidad de la totalidad de los pinchazos. Una decisión que, a partir de ahora, y al igual que el recurso de la Fiscalía, quedará en manos de la Audiencia Provincial.
