tribunales
Pilar Sánchez ante su 'round' definitivo
La exalcaldesa de Jerez, con una condena de dos años, se enfrenta a la causa judicial que la puede abocar a la cárcel
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10.00 de la mañana en los pasillos de la segunda planta del edificio judicial que alberga la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Jerez. Más de una docena de periodistas rodean la puerta de entrada de vistas. No quieren perderse el momento en que la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez (PSOE), cruce en dirección al banquillo de los acusados.
La exregidora se enfrenta a su ‘round’ definitivo, el que puede noquearla y mandarla a la cárcel sin posibilidad de asirse a suspensiones ni medidas de gracia.
El rostro de Sánchez evidencia preocupación. Hoy ha comenzado el juicio del 'caso PTA' por el que la Fiscalía Anticorrupción solicita la pena más grave de las que ha esgrimido contra la exalcaldesa en otras investigaciones: siete años de prisión y 17 de inhabilitación por maniobrar supuestamente de forma intencionada y saltándose la ley para que una empresa recibiera una subvención a cambio de que se asentara en el fallido Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA).
La sesión arrancaba esta mañana con la petición de las defensas de incorporar pruebas documentales, una pericial y una testifical. La voz cantante la lleva el abogado de Pilar Sánchez, Juan Pedro Cosano, quien ejerciera la acusación en el ‘caso asesores’ que ha llevado a la cárcel a Pedro Pacheco.
En aquella ocasión, Cosano representaba los intereses del Ayuntamiento de Jerez. En cambio en ésta, el Consistorio, pero con otro abogado, forma parte de las acusaciones particulares que piden pena de prisión para Pilar Sánchez por supuesto trato de favor a una empresa. El microuniverso judicial jerezano en su máxima expresión.
El tribunal accedió a las peticiones salvo a la nulidad solicitada por el abogado de Francisco Lebrero, quien fuera delegado de Fomento. Su letrado defiende que no hay ni "un solo dato" que soporte su imputación y que se habían vulnerado derechos fundamentales durante la instrucción.
La presidenta del tribunal le recordaba que había tenido tiempo suficiente para oponerse al auto de procesamiento, a la imputación del exedil y que ya estaba fuera de plazo al intentarlo minutos antes de celebrarse el juicio.
"La exalcaldesa de un pueblo"
El abogado de Pilar Sánchez mostró algunas de las bazas de su estrategia de defensa. "No hubo flujo de dinero y voy a poner en tela de juicio el concepto de subvención. El parque es una realidad, depauperada pero una realidad. Y los cursos se hicieron". Llegó a describir a su cliente, para rebajar la importancia de sus actos y su capacidad de decisión en un proyecto financiado por el Estado como "una exalcaldesa de un pueblo".
El fiscal acusa a la exregidora de prevaricación, falsedad en documento oficial y fraude en la Administración, en concurso medial con el delito de malversación, porque sostiene que Sánchez facilitó a una empresa del sector sanitario la concesión de una subvención de más de 244.000 euros para instalarse en un parque que tenía como fin potenciar las actividades agroalimentarias y que nada tenía que ver con la sociedad favorecida.
Esa ayuda, según explica en su escrito de acusación el Ministerio Fiscal, estaba financiada con los fondos aportados por el Ministerio de Agricultura (once millones de euros) para la puesta en marcha del parque en 2004.
El Estado participaba en el PTA con recursos económicos para la realización de cursos de formación agroalimentaria, la construcción de un edificio singular donde se expondría la potencialidad de este sector en Jerez y la realización de obras de urbanización para acondicionar las parcelas del recinto.
Un proyecto fallido
Casi diez años después de la firma del primer convenio que daba cuerpo al PTA, la sociedad gestora de esas instalaciones ha sido disuelta, tras entrar en concurso por arrastrar una deuda millonaria con el Estado.
En la primera sesión del juicio han declarado tres de los siete acusados. Todos ellos eran administradores de la empresa receptora de la subvención.
Tecnología Innovación Sanitaria, con sede social en la provincia de Sevilla, se constituyó a finales de 2005. Vinculada al sector hospitalario, pidió a las pocas semanas de vida una primera subvención a la agencia IDEA para montar una planta de fabricación de oxígeno de uso industrial y sanitario en un polígono sevillano.
Con unos incentivos de la Junta por importe de más de un millón de euros concedidos, TISA solicita trasladar su proyecto, que aún no había arrancado en Sevilla, a Jerez, donde recibiría una nueva inyección en forma de subvención.
El fiscal interrogó al presidente y los dos administradores sobre la decisión de trasladar un proyecto sanitario a unas instalaciones que estaban destinadas a otro perfil de empresas.
Los tres acusados justificaron esos en "lo que indicaban los asesores" que tenían contratados. Negaron haber mantenido contacto con la alcaldesa o los dos exconcejales también imputados y justificaron la ampliación de su negocio, que pasó de fabricar oxígeno para hospitales a la limpieza a la depuración de aguas de la acuicultura "por necesidades del mercado".
Un cambio en el objeto social que no se produciría hasta el año 2010 (dos años después de obtener la subvención), cuando se había iniciado la investigación judicial, ha recordado el fiscal en sus preguntas en varias ocasiones.
Ésta es una de las irregularidades en todo el proceso que observa Anticorrupción, desde que la empresa solicitó su entrada en el PTA hasta que recibió el dinero para iniciar una actividad que fracasó. Sólo TISA y Bornay Dessert recibieron respaldo económico de las 77 que se instalaron en el parque, sostiene el fiscal, quien preguntó a los acusados si sabían de ese trato preferente.
El testigo clave
Está citado como testigo un técnico municipal, que en su día estuvo imputado. Durante la instrucción declaró que había sido presionado por la alcaldesa para que informara favorablemente para la concesión de una ayuda a TISA; pese a que no tenía nada que ver con el sector agroalimentario y que, a priori, estaba fuera de las condiciones estipuladas por los rectores del parque para la entrada de sociedades.
El fiscal recoge en su escrito de acusación, que ese técnico accedió a realizar el informe pero se negó a firmarlo. Finalmente, la rúbrica, según el Ministerio Público, la puso el responsable del cuidado de las viñas del parque, una suerte de capataz que no tenía competencias en esas autorizaciones pero que accedió "por miedo a perder su trabajo".
El Ministerio Público ha solicitado que la exalcaldesa de Jerez sea la última en declarar. Además de ella, aún faltan por hacerlo otros tres acusados: Francisco Lebrero, la exedil de Medio Rural, María del Carmen Martínez y el peón que supuestamente firmó la autorización para financiar con dinero público un proyecto empresarial.