El fiscal general y el expresidente del Banco Central de Ecuador aparecen en los «papeles de Panamá»
La noticia llega en medio de las protestas de la oposición por la subida de impuestos que pretende aprobar el Gobierno
El fiscal general ecuatoriano, Galo Chiriboga, que fue ministro de Energía de Rafael Correa y embajador de Ecuador en España; y el expresidente del directorio del Banco Central del Ecuador (BCE) Pedro Delgado constan en los «papeles de Panamá» .
De Chiriboga se dice que, en 1999, compró un inmueble a través de la empresa Madrigal Finance, domiciliada en Panamá por la firma Mossack Fonseca . Antes, como abogado, había sido contratado para cobrar una deuda de una pareja alemana que tenía una casa en la exclusiva zona residencial de Cumbayá, en el noreste de Quito. Luego, Madrigal Finance compró la casa para Chiroboga por menos de $2.800, y los propietarios lo demandaron. La casa costaba más de $1 millón. En el juicio, la sentencia fue favorable a Chiriboga.
El fiscal Chiriboga negó tener ninguna cuenta bancaria en ningún paraíso fiscal. Anunció que pedirá que la Contraloría y Rentas Internas investiguen sus bienes. Del expresidente del directorio del BCE Pedro Delgado los «papeles de Panamá» señalan que él y su esposa, que fue vicecónsul en Miami, consiguieron un crédito hipotecario por $190 000 del AustroBank, domiciliado en Panamá, para adquirir una casa en Miami, con la asesoría del Mossack Fonseca.
Delgado, que es primo segundo del presidente Correa, vive en Miami desde 2013, adonde fue tras admitir que había falsificado su título de economista. Está reclamado por la justicia de Ecuador por el llamado «Caso Gastón Duzac», un argentino que, sin vivir en el país, recibió un crédito de $800 000 del banco Cofiec, que estaba a cargo de Delgado.
«A defender la revolución
El tercer nombre mencionado es el de Javier Molina Bonilla, quien representó a la firma Mossack Fonseca en Ecuador, entre 2007 y 2011. Fue asesor legal en la Secretaría Nacional de Inteligencia, Senain, entre 2014 y 2015. Correa llama a defender la revolución y la oposición a rechazar impuestos. En este ambiente, el gobierno y oposición estarán en las calles este jueves 7. La oposición se concentrará en la avenida de los Shyris, en Quito, para rechazar el paquete de reformas tributarias; los seguidores del presidente, en las plaza de la Independencia para «defender la revolución».
La Ley que tramita la Asamblea busca recaudar $300 millones con impuestos a los cigarrillos, bebidas alcohólicas y carbonatadas y al uso de los teléfonos fijos y móviles de las empresas. La reforma limita a $1. 098 la salida de dólares, sin pagar 5% de impuesto. Pero las tarjetas de crédito ya no pagarán. El tope anual de consumo será de $5 000. «La medida busca fortalecer el sistema de dolarización y mantener el empleo», dijo el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando a los medios públicos.
Las reformas también buscan extender el uso del dinero electrónico, con incentivos como la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) para consumos con tarjeta de crédito, débito o dinero electrónico. El requisito es tener una cuenta virtual en el BCE. «El peligro es que se use como tarjeta de crédito y que el gobierno no tenga respaldo en dólares», comenta el director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, Eduardo Cadena. Para el exviceministro de Finanzas Jaime Carrera el anuncio del uso obligatorio del dinero electrónico genera incertidumbre y desconfianza.
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