Diez mil funcionarios más en Portugal desde que gobiernan los socialistas
El Ejecutivo de António Costa incumple su promesa de contención administrativa
El número de funcionarios ha subido en Portugal con una progresión inusitada en estos dos años y tres meses desde que gobiernan los socialistas . Las cifras «cantan»: 10.000 más a partir de su ascensión al poder a través de una moción de confianza contra los conservadores de Passos Coelho a finales de 2015.
Tanto es así que el año pasado se cerró con 669.725 personas trabajando para el Estado, 5.000 más que en 2016. Por tanto, el Ejecutivo de António Costa no cumple sus promesas de contención administrativa , en vista de que se trataba del segundo incremento consecutivo en los mismos términos.
Es una consecuencia patente de la entrada en vigor de la «geringonça», palabra en portugués que puede traducirse como «artilugio» y que designa la particular fórmula de gobierno actual, con el Partido Socialista en minoría parlamentaria pero s ustentado por los comunistas y el Bloco de Esquerda . Eso sí, solo a través de acuerdos puntuales, no en una verdadera coalición. Esta circunstancia significa que esos dos partidos quedan fuera del Ejecutivo.
Así que la autoproclamada «reducción líquida de funcionarios públicos» se ha evaporado. Más aún, ha dado paso a la política contraria, tal vez porque el Partido Socialista sabe que se la juega si no contenta a este colectivo. Las cuentas estatales se cuadran a golpe de subida de impuestos indirectos (tabaco, alcohol, combustibles) y de la creación de nuevas tasas, como la que se aplica a las bebidas azucaradas.
Pero, ¿en qué áreas inciden las mayores subidas de personal? La Dirección General de Administración y de Empleo Público ha elaborado la llamada Síntesis Estadística, un informe que radiografía este ámbito. Su diagnóstico subraya que los ayuntamientos y, sobre todo, el Ministerio de Educación , comandado por Tiago Brandao Rodrigues, acaparan semejante incremento.
Lo que está claro es que la tendencia se ha invertido de manera taxativa, pues en 2011 eran 727.805 los empleados públicos, mientras que tres años después descendieron a 656.389, toda vez que el PSD se vio obligado a seguir las recetas de la «troika» después de la petición de rescate de 78.000 millones de euros al triunvirato formado por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea.
Además, las incorporaciones alcanzaron su máximo en 2017, con 109.498 y, por contra, únicamente se jubilaron 6.000. Pero tampoco puede olvidarse que casi 76.000 de estos portugueses trabajaban bajo contratos a plazo y que se halla en retroceso la cantidad de vitalicios. Con la jornada de 35 horas de nuevo en marcha, el sueldo medio de este colectivo se sitúa en los 1.693 euros brutos mensuales en la actualidad.
Sin embargo, los trabajadores del sector de la Salud son los que más descontentos se muestran, especialmente debido a las jornadas maratonianas que han de acometer ante la escasez de personal, como se refleja en los departamentos de Urgencias.
El país vecino cuenta con una población de 10,5 millones de personas, incluidos los archipiélagos de Madeira y Azores. La proporción de funcionarios alcanza el 7% del total y casi el 15% de los portugueses con empleo.
Revertir los recortes
Ciertamente, la buena marcha de la economía lusa se ha venido traduciendo en revertir algunos de los recortes que tuvieron que aplicarse, aunque solo a través de esos ajustes han podido recogerse los frutos de hoy.
Los subsidios y pagas se han repuesto, en una proporción del 1,7% para la última actualización. Es decir, desde el escalón más bajo (756 euros brutos mensuales, que equivale al salario mínimo vigente) hasta los 3.410 de los médicos o los 2.095 de un profesor .
El 80% de los funcionarios de Portugal tuvo derecho el año pasado a progresar en su ámbito, toda vez que el Gobierno socialista desbloqueó la congelación de esta posibilidad que regía hasta entonces. Como contrapartida, la iniciativa tendrá un impacto de 250 millones de euros en las cuentas de 2018.
El Ejecutivo de António Costa, que de momento no ha planteado ligar el salario de los empleados públicos a la productividad, terminó de reponer el pasado octubre los recortes en las pagas extra que el sufrió el país cuando se vio obligado a pedir el rescate en 2011, bajo el mandato del entonces primer ministro José Sócrates.
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