La justicia argentina tumba el «tarifazo» del gas de Macri

La sentencia especifica que las tarifas deben retrotraerse a los valores previos a las disposiciones del Gobierno

Mauricio Macri, en una imagen de archivo

CARMEN DE CARLOS

El Gobierno de Mauricio Macri ha recibido un revés en la justicia después de que la Corte Suprema, por unanimidad, anulara el aumento de las tarifas de gas para los usuarios residenciales . El máximo Tribunal ha considerado que antes de aplicar el llamado popularmente “tarifazo” debería haber convocado a audiencias públicas y escuchar a los afectados.

El fallo, aunque doloroso para el Ejecutivo, se reduce al “único grupo homogéneo” que forman los “ciudadanos a quienes les resulta difícil hacer una demanda por sí mismos” y “pueden ser representados en una demanda colectiva”, como la que interpuso el Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS). Fuentes oficiales confian que, pese a todo, es una alivio que los magistrados no incluyeran en su fallo a los usuarios comerciales o industriales como había hecho la Cámara Federal de La Plata, una instancia anterior.

La sentencia especifica que las tarifas deben retrotraerse a los valores previos a las disposiciones del Gobierno. El ministro de Energía Juan José Aranguren declaró la emergencia energética la primera semana de su designación y posteriormente autorizó subidas de los servicios públicos que, en algunos casos, llegaron a rozar el mil por mil. La ola de protesta forzó que el Gobierno diera parcialemnte marcha atrás al fijar límites y en el caso del gas un máximo de 400 por cien de aumentos para los usuarios residenciales y del 500 por cien para grandes empresas, clubs, instituciones o PYMES.

En el caso del gas sobre el que se ha pronunciado la Corte, se establece que las audiencias públicas deben realizarse de forma obligatoria, aunque éstas, no sean vinculantes. “No es válido fundarse en una audiencia del año 2005 para adoptar una decisión en 2016”, especifican los jueces para echar por tierra uno de los argumentos del Ejecutivo. Asimismo, establece que la tarifa social para los sectores más necesitados seguirá vigente.

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