Naciones Unidas denuncia violaciones masivas de derechos humanos en Eritrea
El año pasado cuatro de obispos de Eritrea lanzaban una inusual crítica interna a la situación que atraviesa la nación africana
En 2013, Isayas Sium gestó una idea «loca»: crear un periódico. A priori, su empresa ofrecía garantías de éxito, ante la total ausencia de competencia. Sin embargo, calificar de osada su aventura se debe más a la localización geográfica del proyecto, que a las garantías empresariales: en la última década, el Gobierno de Eritrea se ha convertido en uno de los mayores depredadores de la prensa a nivel global.
«El régimen dictatorial posee todos los medios. Las comunicaciones por internet son limitadas y controladas» , denunciaba entonces a ABC Sium, uno de los coordinadores de la publicación clandestina «Meqaleh Forto». En su edición inaugural, «Meqaleh Forto», escrito en lengua tigriña y árabe, ofrecía diversos artículos sobre libertad de prensa, así como presentaba a los lectores al grupo opositor «Arbi Harnet» (viernes de libertad), impulsor del diario.
Las peculiaridades con las que Sium tuvo que desarrollar el proyecto (este eritreo reside en el exilio) son solo una gota en el océano de represión que rodea Eritrea: Esta semana, tras una investigación de un año, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos hacía público un informe donde se relatan los patrones horribles de tortura, detención arbitraria y la conscripción indefinida que provocan la huida de miles de eritreos cada año de su país de origen. Las 484 páginas del estudio son un baúl repleto de crímenes contra la humanidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos en un «alcance y escala pocas veces presenciado». Una violencia, orquestada desde el Ejecutivo, que ha provocado un éxodo masivo de su población, la segunda mayor fuente de inmigrantes, después de Siria, en aguas del Mediterráneo hacia Europa.
Sin embargo, las denuncias no son nuevas. Ya el pasado año, cuatro de los principales obispos de Eritrea lanzaban una inusual crítica interna a la situación que atraviesa la nación africana, mediante una carta distribuida de forma pública.
En la misiva, de 36 páginas y difundida en lengua tigriña, los obispos aireaban la fuga masiva de jóvenes que experimenta la región.
«(La juventud de Eritrea va en busca de) países pacíficos, países de justicia, de trabajo, donde uno se expresa en voz alta, un país donde uno trabaja y gana (dinero)» , aseguraba el documento firmado por los cuatro religiosos pertenecientes a la iglesia ortodoxa: Mengsteab Tesfamariam, de la capital, Asmara, Tomas Osman (Barentu), Kidane Yeabio (Keren) y Feqremariam Hagos (Segeneti).
Un año antes, en 2013, la relatora de la ONU en la región, Sheila B. Keetharuth, denunciaba que la obligación de realizar un servicio militar indefinido (en lugar de los 18 meses que marca la ley) fue citado como la razón principal de los propios eritreos para abandonar su país de origen. «Este sistema mantiene a los eritreos en cautiverio en una situación de desesperación, lo que les obliga a tomar riesgos inimaginables en busca de libertad y un refugio seguro», afirmó la experta, tras realizar una gira por Malta y Túnez.
En virtud del artículo 8 del acta de proclamación de 1995, todos los ciudadanos eritreos de edades comprendidas entre los 18 y los 40 años tienen la obligación de realizar el servicio militar , que consiste en seis meses de entrenamiento en un centro de capacitación y 12 meses «plenamente activos». No obstante, los 18 meses resultantes es habitual que se amplíen de forma indefinida.
Prosigue la represión
Desde su independencia en 1993, al menos 10.000 presos políticos, buena parte de ellos sin acusación formal, han sido encarcelados por Asmara como parte de su cruzada para acallar a las voces críticas. Y en este sentido, especialmente llamativa es la red de prisiones con la que cuenta el país africano, centros de detención donde la tortura es ley de vida. A mediados de septiembre de 2001, el presidente, Isaias Afewerki, ordenaba la detención de once altos funcionarios que habían escrito cartas críticas contra su partido. Todos ellos formaban parte del denominado «Grupo de los 15», acusados de alta traición contra el régimen (tres de ellos escaparían al extranjero y uno se retractaría, configurando los once detenidos).
Cada uno, con nombre y apellidos. Dawit Isaak , arrestado el 23 de septiembre de 2001. Desde entonces, el Gobierno de Eritrea ni confirma ni desmiente los continuos rumores sobre su muerte durante el cautiverio. Mahmoud Ahmed Sheriffo , miembro del G15 y antiguo ministro de Asuntos Exteriores, algunas fuentes también confirman su fallecimiento en prisión.
Poco o nada queda ya del país considerado, en los 90, ejemplo de libertad y lucha por la igualdad. Un régimen, cada vez más encerrado en sí mismo y donde se acrecienta la paranoia.
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