La Guardia Civil registra el Puerto de Pasajes (Guipúzcoa) por presuntas irregularidades
Hay una investigación judicial abierta por el sobrecoste en la construcción de la nueva lonja
El caso de presunta irregularidades en el sobrecoste de las obras de la lonja de pescado de Pasajes (Guipúzcoa) ha cobrado un nuevo impulso. Agentes de la Guardia Civil registran desde las 11.00 de la mañana las oficinas de la Autoridad Portuaria en busca de documentación relacionada con este caso. Según Efe, también inspeccionan la caseta de obra de la Unidad Temporal de Empresas adjudicataria de la construcción de la lonja, ubicada junto al nuevo edificio pesquero en el distrito de San Pedro.
Los registros, según indicaron fuentes del Instituto Armado a ABC, se producen por orden judicial, que encargó la investigación a la Policía Judicial de la Guardia Civil, que a su vez solicitó el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO), especializados en delincuencia económica. Según las citadas fuentes, está previsto que los registros y análisis de la documentación que se incaute sirvan para cimentar el caso que se encuentra en estos momentos en un juzgado de San Sebastián, pero no se prevé que se realicen detenciones .
Los agentes, según EP, han permitido que abandonaran las instalaciones la mayoría de los trabajadores, salvo aquellos del departamento de contabilidad, a los que han solicitado la entrega de información. La construcción de la lonja, que se inició en 2011, se encuentra paralizada desde hace meses , en concreto desde el pasado febrero. En total, se estimaba que los trabajos durarían poco más de dos años, cuando ya han transcurrido cinco.
Si bien el puerto de Pasajes es de titularidad estatal, su gestión corresponde al Gobierno vasco . Entre otros, el ejecutivo autonómico fue responsable de nombrar como presidente de la Autoridad Portuaria a Ricardo Peña, que bajo las siglas del PNV fue alcalde de otro municipio guipuzcoano, Zumaya.
Durante la última legislatura de Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno central, los Presupuestos incluyeron una partida de más de 15 millones de euros para acometer obras en el puerto, lo que dio pie a proyectar la nueva lonja de pescado. Adjudicada por 14,9 millones de euros, en estos momentos la previsión, según ha admitido el propio Peña, es que el montante final no sea inferior a los 26 millones de euros. Es decir, 11 millones de sobrecoste . De momento, ya supera los 20 millones.
Auditorías y denuncia
En julio de 2013 Peña supo que la obra ya arrastraba sobrecostes por determinados imprevistos, por lo que decidió encargar auditorías . Así lo recordó ayer, durante una comparecencia ante las Juntas Generales de Guipúzcoa, el exdirector de la Autoridad Porturaria de Pasajes (APP), Gregorio Irigoyen, a quien el primero destituyó por este caso el pasado mes de marzo. Según este último, «para quedar él exonerado».
Irigoyen insistió ayer en que « nadie ha robado dinero ni ha falsificado nada ». Sin embargo, admitió que el director de obra, David Candelario, continuó ejecutando trabajos sin tramitar y sin presupuesto, incluso después de que Peña ordenara paralizar la obra. Candelario también fue destituido y expedientado, y se da la circunstancia de que su esposa trabajaba para la ingeniería que ejercía la asistencia técnica de la construcción de la lonja. Una auditoría de Puertos del Estado estableció que se habían ejecutado y abonado trabajos correspondientes a un proyecto modificado «con carácter previo a su tramitación administrativa» y sin cobertura presupuestaria.
Que el caso se encuentre en estos momentos en fase judicial se debe a que el pasado mes de abril la Abogada del Estado, a la vista de los resultados de las auditorías, decidió dar traslado a la Fiscalía, que a su vez, en mayo, remitió una denuncia al juzgado de instrucción nímero 2 de San Sebastián donde se apunta a la posible comisión de seis delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y mercantil, estafa, cohecho y exacciones ilegales en negociaciones prohibidas.
La decisión de la Abogada del Estado, como integrante del consejo de administración de la APP, contravino la intención de la mayoría de consejeros , que votaron en contra de que el caso fuera remitido a la Fiscalía, a la espera de nuevas auditorías.
Interpelaciones del PP
Esto en el ámbito judicial. En el político, el PP vasco, con su presidente en Guipúzcoa, Borja Semper, a la cabeza, ha venido denunciando este caso en los últimos meses , con interpelaciones parlamentarias a la consejera de Medio Ambiente, Ana Oregi, quien rehuyó asumir responsabilidades.
« Desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón. Desgraciadamente, porque nos gustaría que no se hubieran producido irregularidades», ha indicado Semper a ese diario. En su opinión, el recorrido del caso «lleva a pensar que hay algo más que una mala gestión». En cuanto al Gobierno vasco, ha lamentado su «actitud», pues durante «estos meses ha negado la evidencia y se ha negado a actuar».
