Tribunales
Una «chapuza» que le ha costado muy cara a la exvicealcaldesa de Fuenlabrada
El Supremo ratifica la condena a 6 meses y un año de prisión por usar material municipal valorado en 179 euros para hacer obras en su casa
La chapuza que realizó en su casa le ha salido muy cara. Se trata de la exvicealcaldesa de Fuenlabrada, María Teresa Fernández González (IU), cuya condena a seis meses y un día de prisión ha sido ratificada ahora por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y todo ello por utilizar medios materiales del Ayuntamiento por valor de 179,12 euros.
Los hechos se remontan al 5 de mayo de 2012 cuando Fernández recibió por escrito un requerimiento de la arquitecta técnica del Ayuntamiento para que efectuara en su vivienda las obras necesarias para evitar las filtraciones de agua que se producían en los muros de cerramiento de determinadas parcelas de la comunidad de propietarios, que molestaban a los vecinos.
Según el relato de hechos probados por el alto tribunal, «la acusada, en su propio beneficio», encargó verbalmente las obras a Victoriano Aguado, que aceptó el encargo después de consultar a Francisco José Hernández , funcionarios, responsables del alcantarillado y asesor de la concejalía de Obras, respectivamente. Ambos han sido condenados a la misma pena que Fernández . El segundo, que fue el que recurrió al Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ordenó la realización de los trabajos, «a sabiendas» de todo el trasfondo.
Fue un hermano de Aguado López , operario municipal, el que comenzó las obras, paralizadas por la Policía Local. El importe ascendía en ese momento a 179,12 euros que, según los hechos probados, no han sido devueltos por los acusados.
La sala desestima el recurso interpuesto y lo que manifestó la exvicealcaldesa en el juicio. «Puede considerarse que la finalidad de las obras era el bien público, dado que las filtraciones podían afectar también a la vía pública. Para el Supremo «al defender que el fin de las obras era beneficiar el interés público oculta que el perjuicio de los ciudadanos consistió en que era ella, y no el Ayuntamiento, quien debía costear esos trabajos.
Así, el alto tribunal concluye que «resulta obvio que en ese concurren todos los elementos del delito de malversación de caudales públicos, ya sea éste entendido como sustracción del dinero público, ya por haber destinado este a un fin privado , cual es el reparar la vivienda con el fin de no perjudicar a la generalidad de los vecinos que transitan por una vía pública».
Noticias relacionadas
