La auditoría pactada por Cifuentes y Ciudadanos se retrasa
En junio debería estar listo el examen de los ocho últimos años de la Comunidad de Madrid, pero aún no ha sido encargado
La auditoría económica sobre los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González pactada por el PP y Ciudadanos en el acuerdo de investidura que aupó a Cristina Cifuentes a Sol , está estancada. El compromiso inicial fue que el examen debía estar listo en junio de 2016, un año después de conformarse el nuevo Gobierno, y los resultados debían publicarse en la página web de la Comunidad, accesibles a todos. Pero los trabajos aún no han sido encargados y, según admiten, desde ambos partidos es muy difícil que lleguen a tiempo. En todo caso, el compromiso es hacerlos.
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La primera piedra en el camino para cumplir el quinto punto del acuerdo de investidura es que no podrá hacer la auditoría una empresa externa, como había exigido Ciudadanos para dar su apoyo a Cifuentes. Como avanzó ABC en octubre, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid informaron de que era imposible externalizar la función fiscalizadora de la administración, que corresponde por ley a la Cámara de Cuentas y a la Intervención General. «Esas competencias son irrenunciables», argumentó Cifuentes, quien en todo caso se comprometió a ordenar esta tarea a la Cámara de Cuentas regional. Antes, dijo, le pediría al grupo de Ciudadanos que concretara las labores. «Por supuesto que lo vamos a llevar a cabo, pero pedimos que delimiten de alguna forma esos trabajos», dijo la presidenta autonómica.
Aguado quiere que se pueda echar a los responsables públicos si no se rinden cuentas
El equipo de Ignacio Aguado, que ya en octubre asumía en conversación con este diario que no llegarían a tiempo para junio, está ultimando ahora la lista de entidades públicas a la que se debe poner la lupa. Se la presentarán al Ejecutivo del PP en las próximas fechas, para activar ya el encargo a la Cámara de Cuentas.
También está pendiente completar el punto noveno del acuerdo entre ambos partidos, que además de la derogación del Consejo Consultivo, ya extinto, prevé la reforma del órdago fiscalizador. Ciudadanos asegura que el actual modelo no garantiza la independencia exigida de esta importante función supervisora y opina que no ha cumplido el mandato fiscalizador. El balance de 2015 les ha dado la razón: un tercio de los entes públicos –incluidos los 22 ayuntamientos – no envió sus cuentas el año pasado. Aguado pone el acento en la necesidad de dotar a la nueva Cámara de capacidad sancionadora y dotarla de más medios humanos y materiales: «Es inaceptable que se esquiven datos y no haya consecuencias». Propone un régimen de sanciones que incluye la capacidad de destituir a los responsables –alcaldes y directivos de empresas y fundaciones públicas– si no cumplen con su obligación.
