La AN rechaza excarcelar a Gayoso por no «reconocer» su culpabilidad

Tanto el que fuera copresidente de Novacaixagalicia y ex presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso , como el ex asesor jurídico de la entidad, Ricardo Pradas , tendrán que seguir cumpliendo condena por el cobro de indemnizaciones millonarias de la antigua caja gallega. La Audiencia Nacional rechazó ayer los recursos de súplica que ambos habían presentado por no haber pagado los 10,4 millones de euros que el tribunal le reclama en concepto de indemnización por responsabilidad civil. Un hecho que según el auto de la Sección Tercera de lo Penal muestra en el caso de Gayoso «una actitud renuente a mantener los pronunciamientos de la Sala y a reconocer la culpabilidad, creando una inseguridad que genera alarma social».

Pese a que Ricardo Pradas alegó en su recurso que él no era administrador de las cajas gallegas, sino un mero asesor jurídico, la Audiencia Nacional rechazó igualmente su petición. El tribunal entiende que fue cooperador necesario en los delitos cometidos y que, al igual que el ex copresidente de Novacaixagalicia, no demostró «una efectiva voluntad de reparación» , aunque en su caso sí abonó de forma efectiva la multa de 75.000 euros a la que fue condenado. En el auto emitido ayer, la Sala asegura que, junto con Gayoso, Pradas tuvo un papel relevante en la «despatrimonialización» de la antigua caja fusionada mediante la adjudicación de indemnizaciones millonarias, ya que fue el encargado de dar «forma jurídica» al cobro de estas prejubilaciones para «aparentar la bonanza de los contratos de alta dirección».

Además de Fernández Gayoso y Pradas, el pasado 16 de enero ingresaron en prisión otros tres ex directivos de Novacaixagalicia: José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada por el cobro de indemnizaciones millonarias. El tribunal decidió condenarlos a dos años de prisión por atribuirse a sí mismos prejubilaciones por valor de 19 millones de euros antes de abandonar en 2012 la entidad . Una condena que, hasta el momento es la única en España que ha acabado enviando a prisión a antiguos gestores de cajas de ahorro.