EDUCACIÓN
El PP enmendará el proyecto #XarxaLlibres para facilitar las ayudas a los libros de texto
La intención de los populares es que el Consell asuma la parte de la subvención que corresponde a los municipios, para que éstos no incurran en ilegalidades contables al pagar los tiquets
La presidenta del PPCV, Isabel Bonig , ha avanzado que su partido presentará una enmienda a los presupuestos de la Generalitat «para evitar los problemas que el programa de gratuidad de libros de texto del Consell, XarxaLlibres , va a generar a los ayuntamientos de la Comunitat».
Comoha informado ABC, muchos ayuntamientos se han sumado a última hora al plan que permitirá a los padres recuperar 200 euros del gasto en libros de texto (y que sufragan a partes iguales Consell, diputaciones y consistorios), entre las dudas sobre su aplicación y la negativa de muchos secretarios municipales a tramitar los tiquets de compra para que los paguen los municipios.
Bonig se ha manifestado en estos términos durante su intervención en la presentación de las candidaturas del PP al Congreso y al Senado por la provincia de Valencia, en un acto en Sueca en el que han participado el presidente provincial del PP, Vicente Betoret , y los cabezas de lista a la Cámara Baja y a la Cámara Alta, Elena Bastidas y Pedro Agramunt .
La líder del PPCV ha señalado que los secretarios e interventores de la Comunitat han dictaminado que el plan del Consell «es ilegal y que quien pague el dinero incurrirá en responsabilidad, una nueva muestra de la irresponsabilidad y la improvisación del Consell». Asimismo, ha asegurado que la voluntad de su formación es que el Consell asuma la parte que los ayuntamientos deben aportar para la subvención, «dado que no contó con ellos ni con las diputaciones cuando anunció la medida».
«Ya advertimos al Consell de los problemas que podría generar, tal y como estamos viendo estos días y sin que nos hicieran caso . Por ello, por responsabilidad hemos decidido actuar», ha señalado Bonig, quien ha añadido que XarxaLlibres es «un programa precipitado, que se anunció a bombo y platillo el pasado 1 de septiembre y que desde entonces sólo ha provocado encontronazos con las administraciones y problemas para poder llevarse adelante».
Así, la popular se ha referido a un informe de los servicios jurídicos de la Conselleria de Educación que, según ha apuntado, decía que «si las Comunidades Autónomas delegan competencias en las entidades locales que impliquen obligaciones financieras, será necesario que estas incluyan una cláusula de garantía del cumplimiento de estos compromisos, consistente en la autorización a la Administración General del Estado a aplicar retenciones a las trasferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación».