POLÍTICA
El Gobierno de Ximo Puig aprobó ayudas prohibidas por la Ley de Señas antes de derogarla
La norma estuvo en vigor hasta el día 14 e impedía subvencionar entidades que menosprecien los símbolos valencianos
El PP cree que subvenciones como la de Racó Català son «ilegales» y pide un informe a la Abogacía de la Generalitat
El Gobierno que preside Ximo Puig aprobó ayudas públicas a entidades que no respetan los símbolos reconocidos por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana cuando todavía estaba en vigor la Ley de Señas de Identidad que prohibía conceder este tipo de subvenciones.
El pasado 15 de diciembre, la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo , dependiente de la Conselleria de Educación, aprobó un paquete de «ayudas económicas para el fomento del valenciano destinadas a medios de comunicación social». Las Cortes Valencianas no derogaron la normativa hasta un mes después, en el pleno celebrado el 14 de enero. Para el PP, esta circustancia propicia que algunas de las ayudas otorgadas sean «ilegales».
El monto total de las subvenciones (publicadas el pasado 4 de enero en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana) se eleva a 1,2 millones de euros . Una de las ayudas, por importe de 45.439 euros, se otorgó a a la empresa Tirabol Produccions SL, propietaria de la página web Racó Català , uno de los principales foros del independentismo catalán, conforme avanzó ayer ABC. Racó Catalá se define como «el punto de información de los Países Catalanes» y alberga foros de opinión en su página web de claro sesgo independentista. En uno de ellos, activado este mismo mes, se hace referencia a la Copa del Rey de fútbol como «Copa del parásito» .
La ayuda se aprobó cuando todavía estaba en vigor la ley de Señas de Identidad , que en el punto dos de su artículo 22 establecía que «en ningún caso [el sector público valenciano] podrá otorgar subvenciones que tengan por objeto la realización de una actividad o el cumplimiento de una finalidad que manifiestamente supongan un agravio o menosprecio hacia las señas de identidad del pueblo valenciano reconocidas en esta ley».
Ley de Joan Lerma
El artículo 6 de la normativa reconocía como señas de identidad del pueblo valenciano «los símbolos de la Comunitat Valenciana a los que se refiere la Ley 8/1984, de 4 de diciembre, por la que se regulan los símbolos de la Comunitat Valenciana y su utilización».
Aquella ley, aprobada bajo el mandato del socialista Joan Lerma, establece que la « Bandera de la Comunidad Valenciana es la tradicional Senyera compuesta por cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta ».
Mientras, la ley que aprobaron las Cortes Valencianas en la anterior legislatura con los únicos votos a favor del PP daba un paso más y otorgaba rango de seña de identidad «a la lengua valenciana y sus usos, de conformidad con la tradición histórica o popular». Para Isabel Bonig, presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, «con la ley en la mano algunas de las subvenciones concedidas» por el Ejecutivo de Ximo Puig «son ilegales». De hecho, la ley de Señas de Identidad no fue derogada hasta el pasado 14 de enero, un mes después de que se firmara la resolución de la Conselleria de Educación. PSPV, Compromís, Podemos y la mitad del grupo de Ciudadanos votaron a favor de la derogación de la norma por el trámite de lectura única, lo que impidió su debate en las Cortes y la presentación de enmiendas.
El PP, que acusó al Consell de «no tener dinero para pagar a las farmacias y sí para subvencionar el proceso independentista catalán» , presentará mociones en las diputaciones y los ayuntamientos para solicitar que vuelva a entrar en vigor la Ley de Señas. Los populares creen que podrán obtener el respaldo de un nutrido grupo de concejales de Ciudadanos, tras la fractura que evidenció el partido que lidera Carolina Punset en la votación en el Parlamento autonómico.
Solicitud a Marzà
Además, los populares solicitarán informes y expedientes de las ayudas a la Abogacía de la Generalitat, la Intervención y la propia Conselleria de Educación. El PP ha reclamado la comparecencia del titular del departamento, Vicent Marzà , para que explique los criterios de elecciones de las entidades subvencionadas .
