El Gobierno recuerda a Barcelona que no tiene autoridad sobre los CIE
Interior se reafirma después de que la Generalitat y el Ayuntamiento anunciaran que estudian emprender acciones legales
![El conseller de Justicia de la Generalitat, Carles Mundó; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el teniente de alcalde de Barelona, Jaume Asens, durante la reunión de las instituciones contrarias a la reapertura del CIE hoy en Barcelona](https://s1.abcstatics.com/media/espana/2016/07/18/53745827-kS6H--620x349@abc.jpg)
La Delegación del Gobierno en Cataluña ha vuelto a recordar este lunes que el Ayuntamiento de Barcelona carece de competencias en materia de Extranjería y de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), después de que se haya reunido con Generalitat, Parlament y entidades que han conformado un frente común contra la reapertura del centro de la Zona Franca .
En un comunicado remitido este lunes, la Delegación ha defendido que la existencia y funcionamiento de los CIE son «una exigencia legal incuestionable» del Derecho Comunitario y del ordenamiento jurídico español, sobre la que ninguna administración pública tiene margen de decisión alguno, ha recalcado tras la reunión. En ella, las instituciones han criticado la reapertura del CIE hace dos semanas tras ocho meses en obras y pese a la orden de cese de actividad del Ayuntamiento, informa Europa Press.
El Gobierno destaca que el ingreso en los CIE sólo puede producirse por orden judicial , que la estancia de extranjeros en los centros se produce bajo «estricta supervisión judicial» y que se han firmado convenios de prestación y asistencia jurídica y social con el Colegio de Abogados de Barcelona y con la Cruz Roja.
La Delegación del Gobierno ha señalado que los CIE están regulados en la Ley Orgánica de Extranjería y que están previstos como medida cautelar excepcional para asegurar la ejecución de órdenes de expulsión, adoptadas conforme al ordenamiento jurídico.
El teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, ha explicado este mismo lunes que han encargado a los servicios jurídicos estudiar si se podría derivar alguna responsabilidad penal de la actuación del Ministerio del Interior tras la orden de cese de actividad del CIE, centro que ha negado el acceso en dos ocasiones a inspectores del Ayuntamiento, que ha pedido autorización judicial para acceder.
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