Trileros

Una de las características del “proceso” es el fraude jurídico y democrático. De hecho, sin el fraude –estafa, dolo, timo o simulación- no habría “proceso”. Hay fraude en el incumplimiento de las resoluciones de los Altos Tribunales así como en el secretismo en la redacción de unas leyes, presuntamente inconstitucionales, sobre el referéndum de autodeterminación y la transitoriedad jurídica que deberían conducir a la independencia y la proclamación de la República Catalana. Hay fraude, también, en la reforma exprés del reglamento del Parlament que impide el debate y silencia a la oposición.

Si nos detenemos en la Ley del Referéndum de Autodeterminación, presentada en el Teatro Nacional de Catalunya –mejor escenario, imposible-, constatamos su falacia constitutiva y su autoritarismo latente. La falacia: Cataluña como “sujeto político soberano” que puede decidir su “condición política” y el Parlament “como representante de la soberanía del pueblo catalán”. El autoritarismo: dicha Ley “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las cuales pueda entrar en conflicto en tanto regula el ejercicio de un derecho fundamental e inalienable del pueblo catalán”. En este caso, dos fraudes de ley en un solo artículo: ni la ley prevalece ni el pueblo catalán tiene derecho a la autodeterminación. La falacia y el fraude continúan cuando la Ley indica que, quienes participen en el referéndum de autodeterminación de Cataluña, “quedan amparados por esta Ley en tanto desarrolla el ejercicio del derecho a la autodeterminación que forma parte del ordenamiento jurídico vigente”. Ni ampara, ni desarrolla un derecho que no existe, ni pertenece al ordenamiento jurídico. ¿La Ley? Una prédica. ¿El referéndum? Ilegal. Una estafa. Un puntapié a la democracia.

El independentismo catalán deviene un trilero que vende –mercancía averiada y artificio autoritario- un referéndum ilegal para impulsar la movilización de la peña antes y después del fracaso anunciado. ¿Se avecina el “tahir” catalán?