Proteger nuestra libertad

Hoy lunes miles de personas irán a aclamar a Artur Mas y al resto de procesados ante el Tribunal Superior de Justicia. Como en hechos anteriores está en juego “la dignidad de Cataluña”, así, sin matices, porque como dijo Carmen Forcadell quienes no son separatistas no son catalanes); y como siempre que se trata de defender la dignidad de la nación creada y subvencionada ya se han encargado los medios controlados por la Generalitat de promocionar la performance ante el Tribunal pidiendo -¡exigiendo!- a los jueces que no hagan su trabajo.

Con todo, constituyendo un auténtico despropósito, la concentración ante el TSJ muestra a las claras cómo sería el Estado en una hipotética Cataluña independiente.

Así, frente a lo que caracteriza a cualquier democracia constitucional, el modelo que parece gustar a los separatistas es aquél en el que los gobernantes, en la medida en que tengan respaldo electoral, no están sometidos a las leyes. En el paraíso que nos prometen las normas serán sólo para los particulares (ya no ciudadanos), pues quienes encarnen la realidad metafísica que es Cataluña estarán exentos de ello. Al fin y al cabo, si las normas emanan de la voluntad del pueblo, ¿cómo van a estar sometidas a ellas quienes encarnan e iluminan esa voluntad?

Lógicamente, esto requiere de un tipo especial de juez, que asuma su tarea en la eterna construcción nacional que nos espera. Para ello, como ha resaltado el ex juez Santiago Vidal, disponen de listas de voluntarios para formar un poder judicial propio el día en que puedan llevar a cabo la tan ansiada depuración de la Administración de Justicia. De hecho, es perfectamente coherente con la voluntad de crear un sistema que restaure las inmunidades del poder el reclutar los jueces entre quienes se prestan a colaborar con el Govern en la ilegal tarea de clasificar ideológicamente a funcionarios en activo y determinar quiénes deberán abandonar Cataluña el día de la liberación.

Por si hubiera alguna duda, se trata de crear un poder nacionalista legibus solutus no sólo cuando debe incumplir las normas para conseguir la liberación de la Cataluña de TV3, sino también en la muy noble actividad de apropiarse del dinero público. Es indiferente que la actividad judicial contra el 3% traiga causa de una denuncia de un concejal de ERC en El Vendrell, y que se acumulen las pruebas y testimonios que acrediten que la antigua Convergencia confundía con frecuencia su patrimonio con el de la Generalitat: si quienes presuntamente roban son de los nuestros, y los jueces están en la lista para la depuración, entonces todo proceso judicial es, como señala el manual de estilo del buen independentista, una agresión a Cataluña. En el fondo los convergentes no hacen más que parafrasear a Sièyes: si la nación no puede estar ligada por norma alguna porque uno no puede contratar consigo mismo, quienes la encarnan (los buenos nacionalistas) no pueden robar a la nación pues, previamente, el patrimonio de la nació ya era suyo.

En definitiva, más allá de las manifestaciones folklóricas, el nacionalismo está en un proceso de creación de un Estado que puedan apropiarse sin riesgo alguno: a esto es a lo que en realidad denominan Estado propio.

De ahí que lo que se dilucida en el juicio a Mas es si seguiremos viviendo en un Estado de Derecho. Esperemos que los jueces resistan a la presión y condenen a quienes desde el poder vulneran sin disimulo la legalidad, para de ese modo proteger nuestra libertad.

Pablo Nuevo es doctor en Derecho y profesor de la UAO CEU