Sacyl pagó en 2015 más de 3,6 millones en indemnizaciones a pacientes

Los pacientes de la sanidad pública que entienden que han sufrido las consecuencias de un error médico, de mayor o menor envergadura, tienen la opción de recurrir a la propia administración para presentar la consiguiente reclamación, pedir una indemnización e, incluso, denunciar la actuación de un profesional sanitario si consideran que no ha sido la correcta y ha causado serias consecuencias. Estas opciones se materializaron el pasado año en 251 reclamaciones contra Sacyl, una cifra superior a la del año anterior cuando se registraron 230. También el número de procedimientos penales contra un profesional sanitario al que se acusa de una negligencia médica fue ligeramente superior, ya que se situó en 23, frente a los 20 del 2014.

No obstante, según señaló a ABC Roberto Pesquera Barón , jefe del Servicio de Inspección de la Gerencia Regional de Salud, las cifras se mueven año tras año en términos similares y están dentro de la media nacional, donde la horquilla de reclamaciones con responsabilidad patrimonial está entre 240 y 260. De hecho, en 2013 fueron 251; en 2012 y 2011, 238; en 2010, 291 y en 2009, 258, con un índice que oscila entre las nueve y diez demandas por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a las 23 denuncias a profesionales sanitarios que siguieron la vía penal y para las que se abrió diligencias previas, Pesquera Barón explica que en el 90 por ciento de los casos son archivadas y no tienen mayores consecuencias. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la Consejería de Sanidad suscribe cuantiosas pólizas de seguros con los que se cubren las indemnizaciones y sólo en un porcentaje muy pequeño (5%) es la propia Administración autonómica la que asume el gasto, como ocurre, por ejemplo, cuando se produce una caída o cualquier otro daño que no tiene que ver con la atención sanitaria.

Precisamente, por lo que se refiere a las indemnizaciones, el pasado año se pagaron 3.691.496 euros, una cifra inferior a la del año anterior que se situó en 4.261.619. Sin embargo, se trata de pagos que responden a reclamaciones antiguas ya que sólo el procedimiento administrativo necesita, al menos, un año, De los citados 3,6 millones de euros que han recibido pacientes de Castilla y León en concepto de indemnizaciones, 2.800.812 euros responden a una sentencia judicial, a los que hay que sumar 25.518 en concepto de costas y 11.357 por intereses de demora. Además, hay una serie de reclamaciones que son asumidas por la propia Consejería y que en este caso supusieron el pago de 853.808 euros. No obstante, en muchas ocasiones la reclamación es admitida pero los denunciantes estiman que no es suficiente con lo ofrecido y se abre entonces la vía judicial.

En cuanto a las especialidades que acumulan el mayor número de reclamaciones, a la cabeza se sitúan los «servicios generales», a los que se refieren esas demandas que no se adscriben a una especialidad médica concreta como puede ser una caída en unas dependencias sanitarias, un accidente en un ascensor e, incluso, la pérdidas de dentaduras postizas. En este caso, durante el pasado año se registraron 35 reclamaciones.

Desde el punto de vista de la actuación sanitaria propiamente dicha, los servicios de Traumatología y Urgencias , con 26 demandas cada uno, son los que acumulan más incidencias, seguidos por Atención Primaria y Ginecología , con 20; Oftalmología , con 15; y Cirugía y Otorrinolaringología con once cada uno.

Según Roberto Pesquera, si bien la percepción de la sociedad es de que son muchas las sentencias contrarias a Sacyl, las reclamaciones son favorables en el 70 por ciento de los casos y «sin embargo parece que las perdemos todas». Tampoco hay que olvidar, insiste, que la mayoría de las sentencias condenatorias son parciales, es decir, se condena a la sanidad pública a unos pagos muy inferiores a lo que solicita el demandante.