Los vigilantes de la Junta acudirán a la Justicia el lunes

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha anunciado este viernes el inicio de la resolución del contrato suscrito con la adjudicataria del servicio de vigilancia y seguridad en los edificios de la Administración de la Junta de Comunidades y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara.

Tras el anuncio, los 133 vigilantes que siguen aún trabajando aseguraron que acudirán el lunes a la Justicia para resolver su situación y pidieron una reunión al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina , para saber cuál será el proceso a seguir a partir de ahora.

Este viernes, tras haber transcurrido el plazo de dos días que el Gobierno regional dio a una unión temporal de empresas (UTE) —formada por Sinergias de Vigilancia y Seguridad, S.A. y Cyrasa Seguridad S.L. —, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas dictó una resolución para poner fin al contrato al corroborar que la adjudicataria no ha aplicado a los trabajadores el convenio colectivo estatal, sino el propio de empresa, «lo que les ocasiona una notable merma de sus retribuciones», dice el escrito.

Esto es algo a lo que ya se comprometió Ruiz Molina en sede parlamentaria, según recordó a ABC el representante del sindicato UGT en el comité de empresa, Juan Caro . Sin embargo, Caro reconoció que «aún queda mucho por hacer y por saber» y, por eso, insistió en que acudirán a los juzgados el mismo lunes, además de pedir una reunión «urgente» con el consejero, para conocer cuál será su situación hasta que se resuelva el contrato.

«Es algo urgente» porque, según relató Caro, durante todo el proceso de adjudicación y en el mes que llevan funcionando con esta UTE del sector de la vigilancia y la seguridad, «algunos trabajadores han necesitado antidepresivos debido a la incertidumbre laboral». Una inseguridad, nunca mejor dicho, que llegó a su culmen en los últimos, cuando fueron recibiendo sus primeras nóminas, «que la adjudicataria ha camuflado», con descensos salariales que van desde 400 a más 600 euros de diferencia en algún caso , informó el representante sindical.

De este modo, los vigilantes de seguridad aseguran que irán a la huelga indefinida a partir del 3 de julio , si el Gobierno regional no rescinde antes de esa fecha el contrato.

Además, la Inspección de Trabajo, ante la denuncia sindical de la modificación sustancial de las condiciones laborales, ha citado también el lunes, a las 12.00 horas, tanto a la empresa como a los representantes de los trabajadores.