Los límites al poder

A nadie debería extrañar la afirmación de que los funcionarios, en origen, son una creación de los liberales, obsesionados entonces y hoy con los límites a imponer al poder político . Es cierto que también se trató de evitar que con cada cambio de gobierno se mueva igualmente la burocracia, una forma ineficiente de actuar de la que somos testigos en este país. Tras las elecciones, aquí se modifica hasta los responsables de hospitales, convertidos en elementos de actuación política por nuestra impagable, sobre todo impagable, clase política. En España tenemos la peor de las soluciones, con más de tres millones de trabajadores públicos de los que apenas la mitad son funcionarios. El resto, esa subespecie que se ha colado en la administración bien por méritos familiares, políticos, de proximidad o recompensa pero que son tan difíciles de despedir como aquellos que ganaron una oposición.

Es conveniente aclarar que defender la figura del funcionario no implica necesariamente creer que todos lo sean. Beatriz González López-Valcárcel , doctora en Economía de la Salud y profesora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuestiona que los trabajadores sanitarios deban contar con tal privilegio. Así que funcionarios sí, pero aquellos donde la labor esencial que puedan desempeñar no implique un riesgo para su futuro laboral. El resto no (a nadie se le escapa que mientras el ajuste en este país ha recaído sobre las espaldas de los trabajadores privados , los públicos han conseguido la devolución de privilegios inaceptables).

Por tanto, son los secretarios y los interventores de las administraciones los llamados a respetar y velar por la legalidad, legitimidad y vigencia de los acuerdos y actos que los políticos pretendan realizar. No es difícil entender que esto requiera la imposibilidad de ser removidos y que actúen con toda independencia de criterio. No deben ser leales más que con el imperio de la ley porque en sus manos está la posibilidad de evitar las tropelías que habitualmente observamos entre muchos alcaldes.

Cierto es que con el Estatuto del Empleado Público de 2007 se intentó rebajar su poder porque es común a los políticos creer que si algo reputan de “interés general” nada debe interponerse en su camino. Pero la fe pública que se le atribuye a estos funcionarios debe comprender el control de la legalidad en los actos en los que interviene. Algo que, obviamente, no comparte la alcaldesa de Candelaria , quien en un ejercicio de soberbia y poder arbitrario (no exenta de ignorancia) fue capaz de cuestionar al secretario del ayuntamiento por desleal. Todo por no transigir con los caprichos de esta clase política empeñada en no ceder ni un ápice del poder que nos ha ido arrebatando.