El Tribunal Supremo avala las condenas a excargos del PSC por enchufismo

El Tribunal Supremo (TS) confirmó ayer miércoles las penas de un año y 4 meses de cárcel y multa de 60.000 euros por tráfico de influencias que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impuso al exsecretario de Organización del PSC, Daniel Fernández , al exalcalde socialista de Sabadell (Barcelona), Manuel Bustos , y a su hermano, exteniente de alcalde del municipio. El TS condena también a la exalcaldesa socialista de Montcada i Reixac (Barcelona), María Elena Pérez , a quien castiga con una pena de 7 años de inhabilitación. La causa es una pieza derivada del caso Mercurio de corrupción urbanística que tuvo como epicentro Sabadell.

En su sentencia, el Supremo considera probado que los excargos del PSC influyeron en que se otorgara un puesto directivo por concurso público a una persona políticamente afín en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac en 2012. Se trataba de Carmina Llumà , que anteriormente ocupó un cargo en el gobierno tripartito -PSC, ERC e ICV- de la Generalitat y que era la esposa del jefe del servicio de asesoría jurídica del Consistorio de Sabadell.

El alto tribunal avala los razonamientos del TSJC para fundar las condenas. En la sentencia ahora confirmada, el TSJC concluía que Fernández y los hermanos Bustos presionaron a Pérez para que nombrara a Llumà como responsable del Área Territorial de su ayuntamiento. Para ello, la exalcadesa convenció a los consultores que habían hecho las pruebas del concurso público, de modo que cambiaran su informe inicial, que no consideraba a la persona elegida por los altos cargos del PSC adecuada para el puesto.

En una de las conversaciones teléfonicas intervenidas a Manuel Bustos, Fernández le contó cómo había hablado con la exalcaldesa de Montcada y le había dicho que al «no apta» que se recogía en el informe sobre Llumà le quitara el «no».

El Supremo considera probado que Daniel Fernández, Manuel Bustos y su hermano Francisco «abordaron, asediaron y finalmente convencieron» a María Elena Pérez para que actuara de este modo.

Para vencer las iniciales «reticencias» y «reparos fundados» de María Elena Pérez, los Bustos buscaron la intervención del entonces número dos del PSC, Daniel Fernández. Según el TSJC, la apelación a Fernández supuso un «verdadero salto cualitativo en la intensidad de la influencia hasta entonces desplegada por los hermanos Bustos sobre la alcaldesa», que forzó la modificación de los criterios de selección para «no contrariar al secretario de organización y número dos de su partido».

Fernández, los hermanos Bustos y Pérez -que acabó cesando a Llumà- pidieron la suspensión de su militancia en el PSC tras la condena del TSJC, en marzo de 2015.