Soledad Becerril dejará el cargo de defensora del pueblo en julio

Paloma Cervilla

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05/06/2017
Actualizado a las 23:32h.

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La defensora del pueblo, Soledad Becerril , tiene previsto dejar su cargo en esta institución, al cumplirse ahora cinco años desde que fue elegida por el Gobierno de Rajoy, el 29 de junio de 2012, según ha podido saber ABC de fuentes solventes. Aunque el nombramiento se produjo en junio, tomó posesión del cargo el 23 de julio de ese mismo año.

Becerril podría anunciar este martes la decisión, una vez que su mandato está a punto de finalizar. Con ello le daría tiempo al Gobierno para ir buscando un sustituto , que debería de nombrarse el próximo mes de julio.

La actual defensora del pueblo ha sido la primera mujer en ocupar este cargo, como fue también la primera mujer en dirigir un ministerio, el de Cultura, en democracia, y la Alcaldía de Sevilla.

Con el nombramiento de Soledad Becerri l como defensora del pueblo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiso reconocer el papel desempeñado en la Transición democrática y su aportación a la política española desde diferentes instituciones. Becerril ha sido ministra, concejal, diputada y senadora. De hecho, antes de ser nombrada se había retirado de la vida política , a la que regresó para ocupar este cargo institucional.

El mandato de Becerril al frente del Defensor del Pueblo se ha caracterizado por una preocupación especial por el fenómeno de la inmigración y los refugiados . De hecho, ha realizado varios viajes a países afectados por esta problemática, con el objetivo de conocer de cerca esta cuestión.

Otra de las grandes preocupaciones de su mandato ha sido la atención a las víctimas del terrorismo. Fruto de este interés fue la realización del estudio «Los derechos de las víctimas de ETA. Su situación actual», por encargo del Congreso, que fue presentado el 21 de febrero en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. En él realiza 17 recomendaciones al Gobierno y a la Fiscalía General del Estado, para mejorar la defensa de los derechos de las 864 víctimas mortales y de los más de 2.500 heridos por el terrorismo etarra.