¿Es posible acortar la campaña electoral?
La duración del periodo para pedir el voto está regulado por ley Orgánica
Después de más de cien días sin formar Gobierno y con un nuevo periodo electoral previsiblemente por delante, ¿es posible recortar la duración de la campaña electoral? ¿Los ciudadanos se merecen aguantar otros dos meses de precampaña y campaña electoral de su políticos, con los mismos mensajes y con un gasto de más de cien millones de euros? En realidad, los plazos están muy definidos por la ley Electoral , y la duración de la campaña está fijada en esa misma ley.
En el artículo 51 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General , se establece que la campaña dura 15 días:
«1. La campaña electoral comienza el día trigésimo octavo posterior a la convocatoria.
2. Dura quince días.
3. Termina, en todo caso, a las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación».
Es decir, para que la campaña dure menos, es necesario una reforma de la ley Orgánica . De hecho, antes de la reforma de la ley podía durar más. El artículo decía así: «Dura quince días como mínimo y veintiún días como máximo».
En la misma ley electoral se especifica también cuándo deben convocarse las elecciones: 54 días antes de la jornada electoral: «Los decretos de convocatoria señalan la fecha de las elecciones que habrán de celebrarse el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria».
Pero todo eso es lo que dice la ley. Algo muy distinto sería que los partidos llegaran a un acuerdo para gastar menos en la campaña , o para no hacer actos electorales durante una semana, por ejemplo. Pero para ello tendría que haber un consenso político, y es complicado, por no decir imposible, que todos los partidos accedieran a ello.
Según los datos de Interior, el presupuesto de la maquinaria electoral para las generales del 20-D fue de 130 millones de euros , incluidos los 48 millones de Correos (voto a distancia y propaganda), los 12,8 millones del escrutinio y la difusión de los datos, 12,59 millones de logística (papeletas, locales, campañas de difusión) y 55,1 millones de las administraciones públicas en el proceso (para seguridad, por ejemplo).
A esas cantidades habría que sumar lo que se gastan los partidos, que reciben subvenciones públicas según los votos y los escaños que lograron en las pasadas elecciones. Así, os resultados de diciembre fijarán el gasto en la campaña de junio.
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