Penúltimos intentos de evitar el desastre
El independentismo se acostó ayer desconcertado, dubitativo pero todavía vivo
A mediodía de ayer saltaba la primera y de momento única noticia que significaba que el proceso independentista asumía su fracaso: el presidente de la Generalitat convocaba una declaración institucional a las 13:30 para disolver el Parlament y convocar unas elecciones simplemente autonómicas para el 20 de diciembre. El independentismo se rompió: militantes y diputados del PDECat se daban de baja y renunciaban a su acta , Marta Rovira abandonaba el palacio de la Generalitat llorando y la CUP llamaba a la movilización contra el Govern al que había dado apoyo parlamentario desde el año pasado. Concentraciones en la plaza Sant Jaume y ante la sede de los convergentes al grito de «Puigdemont traidor». Cerca de las dos, el president retrasaba su comparecencia a las dos y media, y luego la suspendía para acabar compareciendo a las cinco de la tarde.
El martes a las 14:30, el consejero de Empresa, Santi Vila , fue visto almorzando en el restaurante Windsor de la calle Córcega de Barcelona con la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, y su coordinador de organización, Lluís Bonvehí. La cordialidad del encuentro subrayaba la coincidencia de los tres en planteamientos moderados, de no confrontación directa con el Estado, para que el nueva Convergència recuperara la vocación mayoritaria desde el catalanismo constructivo, con Vila de candidato y los otros dos en la sala de máquinas.
A las 17:00 del miércoles, Santi Vila estaba dispuesto a presentar su dimisión como consejero ante lo que parecía la decisión tomada de Puigdemont de declarar la independencia unilateralmente y llamar a los catalanes a la resistencia callejera. Pero sobre las 18:30 aplazaba su renuncia y el president le convocaba a «Palau» (como se llama al palacio de la Generalitat) junto a todo el Govern. A las 21:30 Vila explicaba a una de las personas de su máxima confianza que Puigdemont comenzaba a girar hacia la idea de convocar elecciones, aunque todavía con la intención de llamarlas «constituyentes». La mayoría de consejeros del PDECat pretendían evitar la declaración de independencia. Los consejeros de Esquerra la defendían, aunque con diferente grado de entusiasmo: el consejero de Justicia, Carles Mundó, era el más reacio, pero nadie entre los republicanos estaba dispuesto a desafiar a su líder, Oriol Junqueras.
En el PDECat la cohesión no era la misma y Santi Vila reiteraba su amenaza de dimitir si Puigdemont decidía «acabar con 40 años de autogobierno». Marta Pascal en la distancia amagaba con sabotear la fragilísima mayoría parlamentaria de Junts pel Sí y la CUP con la abstención de cinco o seis diputados. Puigdemont empezaba a ceder y aceptaba las elecciones , aunque llamándolas constituyentes y tras haber declarado la independencia aunque sólo fuera simbólicamente.
Pero la noche era larga y la presión no cesaba, tampoco las llamadas, y el presidente se rompió. Personalmente. No pudo más. Demasiada presión para un alcalde de Gerona. La reunión acabó de madrugada. Antes de acostarse, Santi Vila escribió a un significativo amigo suyo de Madrid que el president convocaría elecciones autonómicas. Llegaba la noticia al Gobierno, que para renunciar al 155 le exigía además un «regreso a la legalidad». Pero la convocatoria de unas elecciones autonómicas lo era de facto, en tanto que quedaban anuladas la ley del referendo y la de la transitoriedad jurídica.
Por la mañana, el president comunicó su decisión al grupo parlamentario de Junts Pel Sí a la vez que trató de obtener garantías de Moncloa, dando por hecho que las obtendría, tal como le habían asegurado algunos los intermediarios con los que había tratado, entre ellos el lehendakari, Íñigo Urkullu . Para intentar salvar la cara ante las masas independentistas, exigió además la puesta en libertad de los Jordis. Moncloa calló en la convicción de que «a un delincuente no hay que ofrecerle absolutamente nada para que actúe dentro de la Ley. Que cumpla con la legalidad y en todo caso nosotros veremos cómo podemos modular el artículo 155. Pero lo que de ninguna manera puede pretender es que una filtración le baste para irse de rositas: no se puede denigrar la dignidad de un Estado de Derecho con chantajes inadmisibles».
Finalmente, a las cinco de la tarde de ayer, la declaración de Puigdemont fue todo lo contrario de lo que por la mañana se esperaba: rechazó las elecciones autonómicas y dejó la puerta abierta a que hoy el Parlament vote la independencia. Pese al penúltimo giro, tan inesperado, el ambiente en el independentismo estaba lejos de la euforia y la brecha que abrió la filtración de las elecciones autonómicas se cerró tan en falso que no se cerró. En el pleno del Parlament, Puigdemont no intervino para dar todavía un margen de 12 horas a la espera de una solución antes de la votación de esta mañana. Accedió de este modo a la petición de diferentes personalidades de la sociedad civil catalana, que hasta última hora de ayer estuvieron en contacto con Palau y Moncloa para evitar lo que cada vez parecía más inevitable. Al cierre de esta edición, estos intermediarios cifraban su éxito en un 10 por ciento de posibilidades, pero la dimisión de última hora de Santi Vila auguraba las peores intenciones presidenciales.
Motín a bordo
En el Parlament, corrillos de diputados convergentes que decían ya en voz alta que no pensaban votar y que se sublevarían: entre ellos, Forné, Amat, Pascal, Batet, Candini, Roigé, Senserrich y Bonvehí. Más de los que se necesitan para romper la supuesta mayoría independentista. Puigdemont afrontaba otra noche agónica: sin tener garantizado el apoyo de su propio partido para declarar la independencia y sin contar con capote alguno del Gobierno que le facilitara una salida no humillante.
El independentismo se acostó ayer desconcertado, dubitativo pero todavía vivo. La Cataluña moderada lamentaba amargamente una magnífica ocasión desaprovechada pero no tiraba la toalla.
La convocatoria de unas elecciones autonómicas era una rendición de Puigdemont y una bomba que enfrentaba y destruía al independentismo y significaba el fin de este proceso que tanto daño ha hecho a la economía y a la convivencia en Cataluña y en España. La sensación es que tal como el independentismo nunca ha medido bien sus fuerzas en sus enfrentamientos con el Estado, el Estado podría estar ahora calculando con un exceso de confianza su capacidad operativa en Cataluña para aplicar con éxito el artículo 155.
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