El pacto moral

No son casuales las prisas que tiene el Parlamento catalán por sentar las bases de una hipotética república y una declaración de independencia. Tampoco es casual la utilización fraudulenta de los escaños soberanistas en una jornada como la de ayer, simbólica por ser el primer día después de la convocatoria de elecciones. Al independentismo le urgen golpes de efecto emocionales porque difícilmente podrá pactar una investidura. Artur Mas está discutido en Convergencia por la absoluta sensación de descontrol y por los golpes contra la corrupción. Hoy no tiene visos de repetir como presidente. Otro adelanto electoral no es una quimera en un momento en el que la paciencia del Estado ha llegado al límite de lo tolerable frente a la amenaza de la ruptura.

En febrero de 2013, el Parlamento catalán aprobó una declaración de soberanía. Rajoy impugnó con éxito esa resolución ante el TC y, aunque objetivamente quedó sin efecto, acusó síntomas de debilidad. Cuando Mas autorizó la consulta-farsa, ganó una batalla anímica al Estado. Entonces, la credibilidad de Rajoy se resintió más. Transmitió imagen de pasividad que terminó por envalentonar el deseo separatista con un pulso plebiscitario al Estado. Pulso perdido, pero real. Por eso los diputados independentistas hurtaron ayer su voz a la mayoría que votó «no» a la secesión: sencillamente, impusieron su chantaje.

Rajoy ha decidido no esconderse ya en la proverbial prudencia de sus «tiempos». Ya no tiene más tiempo. La amenaza no es ficticia. A su juramento como jefe de un gobierno obligado a garantizar la unidad de España, se unen las urgencias electorales para demostrar contundencia y combatividad. Por eso lideró ayer un «pacto de Estado» implícito, no escrito pero sí moral, para implicar a Pedro Sánchez y Albert Rivera en una respuesta unívoca a la amenaza. Sánchez quiso apropiarse del gesto, pero no fue él quien descolgó el teléfono. Actuó a rebufo. Ahora será el PSOE quien deba aclararse consigo mismo. Cuando actúe el TC, lo hará en virtud de una reforma legal para inhabilitar a los que le desobedezcan, que el PSOE ha rechazado. Los socialistas quedarán en una posición contradictoria, víctimas de la hemeroteca, de su equidistancia federalista y de sus complejos territoriales. Y Rajoy tendrá la ocasión de rectificar la imagen del paciente en su eterna espera.