Matas elude por tercera vez en dos meses un posible nuevo ingreso en prisión
El expresidente balear ha llegado a un pacto con la Fiscalía en el marco de la pieza 14 del caso Palma Arena, reconociendo un delito de prevaricación, que no implica pena de cárcel
El expresidente balear Jaume Matas ha conseguido eludir —por tercera vez en dos meses— un posible nuevo ingreso en prisión, después de haber alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción en el marco de las piezas separadas 13 y 14 del caso Palma Arena . Dichas piezas trataban, respectivamente, sobre la campaña de publicidad para el Mundial de Ciclismo en Pista de 2007 y sobre un patrocinio concreto para ese evento. Se trata del primer pacto logrado entre Matas y Anticorrupción, que se ha confirmado al inicio del juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Palma. En los próximos días la magistrada Samantha Romero dictará ya la sentencia.
Matas ha reconocido hoy que prevaricó en este caso, lo que le supondrá siete años de inhabilitación para cargo o empleo público, pero no el ingreso en la cárcel. Según la actual legislación penal española, el delito de prevaricación no implica penas de prisión. Cabe recordar que el exmandatario mallorquín se enfrentaba inicialmente no sólo a una probable nueva inhabilitación, sino también a una posible pena de un año y medio de cárcel por la pieza separada número 14 del caso Palma Arena, por un presunto delito de fraude a la Administración. Según el acuerdo de conformidad alcanzado ahora, no habría quedado demostrado que Matas cometió dicho delito.
Por lo que respecta a la pieza número 13, la Fiscalía había solicitado ya en su momento el sobreseimiento provisional de la misma , que trataba sobre la contratación de la campaña de publicidad del Mundial de Ciclismo en Pista de 2007. En concreto, la Fundación Illesport —dependiente del Gobierno balear— adjudicó a la empresa de publicidad Nimbus un contrato para que encontrase posibles patrocinadores. El montante total de dicho convenio fue de 845.549 euros. El Ministerio Público consideraba que en este caso no habrían quedado acreditados los delitos de prevaricación y fraude que se atribuían a Matas y al propietario de Nimbus, Miguel Romero , que falleció en agosto de este año.
Convenio de colaboración
En cuanto a la pieza 14, trataba sobre un patrocinio concreto conseguido por Nimbus. Cabe recordar que el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) acordó con Nimbus, previa firma de un convenio de colaboración, un patrocinio de 350.000 euros para el citado mundial. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, Nimbus no había conseguido los fondos necesarios para «hacer frente» a los costes de la campaña de publicidad que se le había adjudicado por 845.549 euros . Por ello, «ante la insuficiencia de las cantidades percibidas», el propietario de Nimbus habría pedido a Matas más medios económicos para cubrir dicho servicio.
Según la Fiscalía, para «soslayar» las prescripciones de la Ley de Contratos de la Administración Pública, «que exigía una modificación del contrato y por tanto la realización de todos los trámites administrativos pertinentes», Matas habría ordenado que desde la Consejería de Presidencia se transfirieran al Ibatur 350.000 euros, que a su vez fueron traspasados a Nimbus.
Matas ha admitido esta mañana los hechos que le atribuían Anticorrupción y la Abogacía de la Comunidad. Por otro lado, el expresidente balear había consignado ya la pasada semana 35.000 euros en la Audiencia Provincial, que era la cantidad reclamada por las acusaciones en concepto de responsabilidad civil para considerar resarcido el daño causado por Matas a la Administración.
Dos condenas
Cabe recordar que, hasta el momento, el expresidente balear ha sido condenado en firme en dos de las piezas del caso Palma Arena ya juzgadas y resueltas. En un caso, debió cumplir una condena de nueve meses y un día de cárcel por tráfico de influencias, en concreto por favorecer a un amigo periodista con una subvención. En el otro caso, debió abonar 9.000 euros de multa por cohecho , al considerar el jurado que había presionado a un hotelero para que contratase a su esposa, Maite Areal.
Con posterioridad, en febrero de este año, el tribunal del caso Nóos condenó a Matas a tres años y ocho meses de cárcel por un delito de prevaricación —en concurso con falsedad y malversación— y otro de fraude. Dicha pena se encuentra recurrida en la actualidad ante el Tribunal Supremo.
Más recientemente, el pasado mes de octubre, la Audiencia Provincial dictó una sentencia en la que absolvió a Matas del delito continuado de fraude a la Administración en el marco de las piezas separadas número 8 y 9 del caso Palma Arena. Dichas piezas trataban sobre la presunta contratación irregular de los tres arquitectos que construyeron el velódromo . La Fiscalía pedía tres años de cárcel para Matas por ese presunto delito. El tribunal únicamente le condenó a ocho años de inhabilitación para cargo público, por un delito continuado de prevaricación.
1,2 millones
Fue también en octubre cuando la Audiencia Provincial dictó una sentencia en la que absolvió a Matas del delito de tráfico de influencias, en el marco de la pieza separada número 3 del caso Palma Arena, conocida como el caso Ópera . Por segunda vez en apenas unos días, Matas eludió una posible nueva pena de cárcel. En el juicio por el caso Ópera, Anticorrupción había pedido para Matas un año de cárcel y diez años de inhabilitación. La citada pieza trataba sobre la presunta contratación irregular del arquitecto Santiago Calatrava por parte de Matas, a principios de 2007, para que elaborase un anteproyecto para la construcción de un futuro palacio de la ópera en Palma.
El Govern tuvo que pagar en su momento 1,2 millones de euros por el citado anteproyecto y por dos maquetas, a pesar de que el proyecto en sí de un palacio de la ópera no llegó a ejecutarse nunca. En el fallo de la Audiencia Provincial, el tribunal sólo consideró a Matas autor de un delito de prevaricación, por lo que le impuso una pena de siete años de inhabilitación. La sentencia también estableció que el expolítico popular deberá abonar a la Comunidad 1,2 millones en concepto de responsabilidad civil.
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