El Gobierno confía en el apoyo del PSOE en la defensa jurídica del Estado
Preocupación tras su decisión de sumarse a la derogación de la reforma del TC
Mariano Rajoy está viviendo con relativa tranquilidad este inicio de legislatura en el Congreso, sin grandes sobresaltos parlamentarios, y con una decena de acuerdos económicos y sociales de los que está más que satisfecho. Pero el Gobierno mira con preocupación algunas iniciativas impulsadas por grupos minoritarios, que pueden tener el apoyo del PSOE y supondría tumbar reformas que considera clave. En concreto, le inquieta la proposición del PNV para derogar la reforma del Tribunal Constitucional , que se tomó en consideración en el Congreso en diciembre con el apoyo, entre otros, por los socialistas.
Esta semana, el Pleno del Congreso convalidó tres decretos-ley aprobados por el Consejo de Ministros, todos con el apoyo, entre otros, del PSOE. Una noticia que en La Moncloa se considera excelente. Uno fue para la financiación del coste del bono social, otro para la reclamación de la devolución de las cláusulas suelo y el tercero incluye medidas urgentes para el impulso del empleo juvenil. La colaboración del PP con el PSOE y Ciudadanos en estos asuntos va sobre ruedas, e inspira a Rajoy para pronosticar una legislatura larga y fructífera, haya o no Presupuestos este año. Estos acuerdos se suman a los del techo de gasto y objetivos de déficit público, la subida del 8 por ciento del salario mínimo, la ley de Autónomos, la ampliación del calendario de la Lomce, la creación de una subcomisión para el Pacto Nacional por la Educación, las negociaciones sobre el Pacto de Toledo, la mesa de diálogo social, el inicio de un Pacto contra la violencia de género, más la docena de acuerdos surgidos en la Conferencia de presidentes autonómicos del 17 de enero.
Está siendo la legislatura de los acuerdos, y la prueba más palpable es que en estos primeros meses de legislatura el Gobierno solo ha llevado cuatro proyectos de ley al Congreso , tres de ellos transposiciones de directivas europeas y otro sobre precursores de explosivos, sin complicaciones.
Pero hay iniciativas de la oposición que preocupan de forma especial en La Moncloa, y una de ellas es la Proposición de Ley presentada por el PNV para tumbar la reforma del Tribunal Constitucional que aprobó el PP en octubre de 2015 , y que permite suspender a cargos públicos que incumplan sus sentencias. El Pleno del Congreso dio luz verde al debate de esta Proposición, con los votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y la antigua Convergencia, lo que suma una mayoría suficiente para aprobar la iniciativa. El Gobierno considera que sería un paso atrás en la respuesta frente al desafío independentista.
«Valoramos los acuerdos en materia económico y social, pero necesitamos al PSOE en la defensa jurídica del Estado», advierten fuentes del entorno presidencial. El Gobierno espera convencer a los socialistas para que se salgan de ese grupo de apoyo a la iniciativa del PNV , que de aprobarse quitaría un instrumento al Estado frente a los secesionistas.
Rajoy ha encontrado en Javier Fernández, jefe de la gestora socialista, alguien con el que puede hablar y en el que es posible confiar. Su comunicación es fluida y leal, cada cual desde su posición ideológica . Llegado el caso de tomar esas «medidas coercitivas» para parar el desafío secesionista contra el Estado de Derecho, el Gobierno no tiene ninguna duda de que tendrá al PSOE al lado.
El diálogo es por tanto constante entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. El punto inmediato que tienen en la agenda son los Presupuestos, que Rajoy quiere llevar al Congreso antes de Semana Santa. Ojo con las fechas: el núcleo de la negociación podría llevarse a cabo a partir del 3 de mayo; es decir, cuando ha pasado un año desde la anterior disolución de las Cortes y el presidente tiene ya plena capacidad para convocar elecciones. No tiene ninguna intención de hacerlo, pero es una carta que le dará fuerza en cualquier negociación.
En La Moncloa tienen muy presente el proceso de las primarias en el PSOE, y por supuesto la posibilidad de que se imponga el criterio de que «al Gobierno del PP, ni agua». El Ejecutivo cree que cada vez será más difícil el diálogo con el PSOE y su gestora , una situación que se irá complicando según se acerquen las primarias.
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