Del «lío» de la crisis al mayor chantaje de la democracia

Mariano Rajoy bajó los escalones del Palacio de la Moncloa para recibir, con un fuerte apretón de manos y mucha cordialidad, al presidente de la Generalitat, Artur Mas, el tercer dirigente autonómico que se reunía con él tras ganar las elecciones. Era el 1 de febrero de 2012, miércoles. Tarde templada en Madrid. Ante la bandera nacional y la de Cataluña, un sonriente y cercano Mas preguntó a Rajoy cómo se encontraba: «Estupendamente. Vivo en el lío» , contestó Rajoy, sobre quien pesaba ya la amenaza de la primera huelga general, por la reforma laboral. Mas sonrió aún más.

En esta primera reunión que mantuvieron ambos, y que duró cerca de dos horas, charlaron sobre las coincidencias en las medidas económicas, la situación financiera de Cataluña y el «pacto fiscal», que el dirigente nacionalista empezaba a esbozar como arma política ante la crisis que asfixiaba a su Comunidad. Mas lanzó ya su primera advertencia sobre lo que en pocos meses sería el mayor chantaje de la democracia: «Si el pacto fiscal no es posible, cada uno tendrá que tomar sus decisiones, sus caminos, sus derroteros» .

Rajoy y Mas han vuelto a verse en distintas ocasiones, a veces de forma discreta, y otras con luces y taquígrafos, pero la confianza se quebró de manera definitiva el 20 de septiembre de 2012. Esa mañana, el dirigente autonómico se plantó en La Moncloa, solo nueves días después de agitar la bandera del independentismo y la ruptura en una Diada multitudinaria, para exigir el pacto fiscal: o eso o la independencia. La respuesta de Rajoy fue un «no» rotundo, primero porque ese «pacto», que en la práctica sería como el privilegiado concierto vasco, pero a la catalana, no es constitucional, y segundo porque el Gobierno no estaba dispuesto a aceptar un chantaje bajo la amenaza de la secesión.

A partir de ahí, el independentismo se echó al monte, con el objetivo puesto en un referéndum sobre la independencia. Mas convocó elecciones en noviembre de 2012 y sufrió un fuerte retroceso, pero eso no le arredró. Toda la energía de la Generalitat se volcó en convocar la consulta ilegal, y el Gobierno de Rajoy respondió «con la ley y con el diálogo». Un diálogo que tuvo unas líneas rojas muy claras: la unidad de España, la soberanía nacional, la ley y la igualdad de los españoles no se tocan. En 2013 y 2014 se sucedieron recursos ante el Tribunal Constitucional, y finalmente el 9-N de 2014 se celebró un simulacro de consulta , pese a la prohibición legal, que supuso la imputación de Mas y de sus consejeras Rigau y Ortega. El dirigente autonómico siguió adelante con sus planes, convocó las terceras elecciones en cinco años, el 27-S de 2015, y dejó a Cataluña bajo la batuta de los antisistema, mientras salía a la luz la auténtica mafia del 3 por ciento en la que estaba inmerso su partido.

El chantaje independentista no impidió que el Gobierno de la Nación auxiliara a Cataluña, para que pudieran prestarse los servicios públicos y se pagara a los funcionarios, en una situación de emergencia financiera, con todos los mercados cerrados. Desde el comienzo de la legislatura, el Estado ha aportado a esta Comunidad 49.000 millones de euros, a través de los distintos mecanismos de apoyo financiero. A pesar de esa cantidad, la Generalitat dice hoy que no tiene dinero para pagar las farmacias. Sí lo ha tenido para desplegar su desafío independentista en todos los frentes.

Ahora han coincidido en el tiempo el final de la legislatura nacional y la formación del nuevo Parlamento autonómico que pretende aprobar una declaración de independencia. Ya no es el «pacto fiscal», que pasó a la historia, sino el mayor desafío al que se enfrenta la Constitución desde el 23-F.