Moncloa no ve descartables unas nuevas elecciones autonómicas en Cataluña

«Cada vez me sorprenden menos las noticias en Cataluña». La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se refiere así, con cierta ironía, a las informaciones que surgen de esa Comunidad Autónoma en plena deriva independentista y en las negociaciones para elegir un nuevo presidente autonómico, y a la posibilidad de que haya nuevas elecciones autonómicas. El último episodio lo está protagonizando la CUP, una candidatura antisistema que promueve la desobediencia de las leyes y hacer saltar por los aires la estructura del Estado para proclamar una «república catalana». Con ellos quiere negociar Artur Mas para poder ser presidente de la Generalitat.

A pesar de esa pérdida de capacidad de sorpresa, después de todo lo que se ha visto en los dos últimos años en la política catalana, la vicepresidenta, en realidad, sigue mostrando su asombro por el hecho de que Artur Mas se ofrezca a un grupo minoritario y antisistema, que apenas logró 300.000 votos en las últimas elecciones, para lograr el apoyo de sus 10 diputados y poder ser presidente autonómico de nuevo.

Si los independentistas no logran ponerse de acuerdo y no se alcanza una mayoría suficiente para investir un presidente autonómico, esta Comunidad se verá abocada a convocar nuevas elecciones autonómicas. El tope marcado es el 9 de enero. Esa es la fecha límite que tienen los partidos y el Parlamento catalán para tratar de investir un presidente.

¿Se imagina unas nuevas elecciones en Cataluña? Cuando se le pregunta a la vicepresidenta por esa posibilidad, no la descarta en absoluto. «No sería un escenario novedoso, ya ha habido tres elecciones en cinco años», comenta. En Moncloa, de hecho, se han previsto todos los escenarios previstos, desde antes de las elecciones de 27 de septiembre. Las respuestas ante un posible avance del secesionismo están previstas, y el escenario de otras elecciones, también.

Lo que es evidente para el Gobierno es que los independentistas han perdido el supuesto «plebiscito» que se habían preparado ellos mismos en las elecciones del 27-S. La mayoría de los catalanes les han dado la espalda , y Artur Mas está dando muestras de debilidad evidentes.

En esta situación, el Gobierno de momento se dedica a observar y a esperar, pero también a evitar nuevas polémicas o enfrentamientos con la Generalitat: prefiere la normalidad institucional. Por eso, después del suceso del AVE en Cataluña, la vicepresidenta evitó a toda costa el enfrentamiento directo con la Generalitat , desde donde se había responsabilizado al Estado, y a Renfe y a Adif, de los problemas en el AVE. Sáenz de Santamaría prefirió pedir máxima cooperación y colaboración entre todas las administraciones públicas.

Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros autorizaba a la Comunidad Autónoma de Cataluña a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo , por un importe máximo de 488 millones de euros.