Imputadas siete personas por la concesión de la mina de Aznalcóllar
La juez descarta delitos como cohecho y tráfico de influencias
La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial Grupo México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar en detrimento de Emerita Resources España, ha decidido imputar en la causa por un presunto delito de prevaricación a siete personas , entre ellas la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio Coto. Sin embargo, la magistrada Patricia Fernández Franco ha rebajado sensiblemente la dimensión del caso. Hay que recordar que en el auto del 7 de mayo de 2015 con el que inició estas actuaciones se citaban también presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal, que ya han dejado de estar en el perímetro de esta investigación.
No solo desaparece esta ristra de acusaciones -queda limitado a un posible delito de prevaricación- sino que también se modera el tono del auto , en el que ya no se hacen manifestaciones contundentes como aquellas de que «no se aprecia el más mínimo rigor» en la actuación de la administración (como sí se afirmó en el auto de mayo).
Junto a la directora de minas, la juez ha imputado a Julio Ramos Zavala, miembro de la mesa de contratación en representación de la Consejería de Hacienda; Alberto Fernández Bueno, miembro de la comisión técnica en calidad de jefe de área de Minas; Juan José García Bartolomé, miembro de la comisión técnica y gerente de Inversiones en Invercaria; y Pilar Orche, funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Minas. Salvo en el caso de la directora de Minas, las imputaciones afectan a técnicos de la Consejería (muchos de ellos funcionarios de carrera). Ningún miembro de la familia López Magdaleno (propietarios de la empresa Magtel y accionistas del consorcio ganador) ha sido citado en el auto. Los imputados tendrán que declarar entre el 17 y el 25 de septiembre.
En este momento la investigación queda circunscrita a tres aspectos, dos de ellos de carácter técnico. En primer lugar, la juez indaga si la mesa del concurso público para la adjudicación de Aznalcóllar acreditó correctamente la solvencia de Grupo México-Minorbis. Pilar Trujillano, funcionaria encargada de evaluar este aspecto, dice que realmente no realizó un «estudio específico» sobre la solvencia de los candidatos , en contra de la declaración de los trece miembros de la mesa de contratación. Grupo México es una empresa cotizada y para acreditar su solvencia remitió una imagen de los registros electrónicos que figuran en la SEC (supervisor bursátil de EEUU), que la juez considera que son unas «simples capturas de pantalla de una web».
Incongruencias
Además de la solvencia, la juez indagará incongruencias en el proyecto de explotación, tanto en la evacuación de residuos como en los aspectos hidrológicos. Para valorar si está bien diseñado el acceso a la corta minera, la juez Fernández se remite al testimonio de un testigo al que describe como «muy cualificado», el topógrafo Ismael Jesús Rodríguez Barbero, que está a sueldo de la empresa denunciante. En cuanto al proyecto hídrico, recurre al testimonio del ornitólogo ecologista Juan José Negro, un activista antiminería sin nociones de ingeniería que se ha mostrado pública y reiteradamente en contra de la reapertura de la mina (al margen de qué empresa sea la ganadora del proyecto).
También indagará si la propuesta de inversión en investigación que hizo la microempresa Emerita -cuyo patrimonio neto no alcanza los 60.000 euros y que ha sido expulsada de proyectos en Asturias por no pagar fianzas de 12.000 euros- era superior a la de Grupo México. Por último, la juez pide un documento que acredite las operaciones de compra de acciones entre los dos socios (Magtel y Grupo México) para constituir la sociedad concesionaria Minera Los Frailes.
La reapertura de Aznalcóllar fue una de los principales apuestas políticas de la presidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz, una inversión industrial privada de 300 millones de euros. La sociedad que se hizo con la adjudicación fue la alianza entre Magtel y Grupo México, un gigante del sector con un negocio anual de 7.000 millones de euros. El grupo perdedor, la empresa Emerita (que no tiene ningún proyecto minero en operación), presentó al día siguiente de la resolución del concurso (el pasado 25 de febrero) una denuncia por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude .
Tras descartarse tres de estos cuatro delitos (la juez habla exclusivamente de prevaricación), la Junta de Andalucía afirmó ayer que «hay cercanía de esta investigación con un ordinario procedimiento contencioso-administrativo (donde se discute la legalidad o no de cualquier resolución administrativa).
El portavoz de Economía del PP-A en el Parlamento andaluz, Jaime Raynaud, exigió ayer la «dimisión o cese inmediato» de la directora general de Industria, Energía y Minas. Para Raynaud, la imputación «es otro jarro de agua fría más a la estrategia de la Junta de Andalucía de minimizar una actuación a todas luces irregular, que tiene demasiadas sombras, y sobre la que el Gobierno andaluz se niega a dar explicaciones, limitándose a enmarcarlo en una disputa empresarial».
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