Siete ayuntamientos se embolsaron 476.000 euros por comisiones de contratos de energía
El juez del caso Púnica imputó a Cofely por inflar presupuestos para pagar sobornos
La sofisticación de la trama Púnica era tal, al menos en lo que se refiere al sector de la energía, que ni siquiera la empresa a la que se adjudicaban los contratos, Cofely , pagaba las « mordidas » a los políticos y funcionarios corruptos, que ascendieron a algo más de 476.000 euros .
Lo que ocurría era que en los contratos se incluían cláusulas para que fuera la propia administración la que abonara las comisiones , camuflándolas en facturas falsas que emitía la propia sociedad. De esa forma, todos estaban contentos: la mercantil, porque aumentaba mucho su facturación con la ventaja añadida de no tener que reducir márgenes comerciales; los políticos y funcionarios, porque recibían el sobre correspondiente por sus «favores» , y David Marjaliza , el cerebro de la trama, que igualmente se embolsaba una cantidad por sus gestiones . Y todo, a cargo del erario público.
Un auto del juez instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco , de 11 de noviembre de 2014, resume el «modus operandi» de Cofely , que a partir de ese día fue imputada como persona jurídica por los delitos de cohecho y tráfico de influencias y se le pidieron 20 millones de euros para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias a las que puede haber lugar como consecuencia de este proceso judicial. De esta forma la señalaba como parte nuclear de la trama.
«Plan criminal»
Para el magistrado de las investigaciones se deduce que no solo hay elementos criminales claros en el comportamiento de algunos de sus directivos – el delegado de compras , Pedro García ; el director comercial , Constantino Álvarez y el consejero Didier Maurice –, sino en el conjunto de la compañía. «Fruto de investigaciones recientes se han conocido las implicaciones de otros departamentos de la empresa –Tesorería, Contabilidad– en el diseño del plan para generar los fondos de los ayuntamientos contra los cuáles se van a abonar las comisiones y dádivas de los ediles municipales», escribe Eloy Velasco.
«El plan criminal –añade el juez– va más allá construyendo los circuitos de pagos de las comisiones . No son los márgenes de Cofely España de donde van a partir esos pagos, sino que se están planificando delitos de malversación para perjudicar a las haciendas locales con un quebranto económico añadido».
La empresa, por tanto, diseñaba y planificaba este tipo de operaciones ilegales no solo con su departamento comercial , sino que involucraba también a los de contabilidad y pagos . La idea que pusieron entre todos ellos en marcha suponía que las comisiones y dádivas prometidas no se iban a pagar con el dinero que ganaba Cofely «sino a cargo de los contratos públicos de los ayuntamientos, a los que gira facturas inexistentes por reformas y trabajos complementarios o confecciona bajo nombre supuesto dictámenes supérfluos y de favor, en nombre de supuestas y fantasmales oficinas técnicas independientes de valoración y auditoría». En otras palabras, y como sucede en muchas ocasiones en asuntos de corrupción, se giraban facturas por trabajos no realizados que pagaban los consistorio s y cuyo importe era el que luego se quedaban los responsables municipales.
«Márketing perverso»
Por tanto, para el magistrado «es la persona social en su conjunto la que alienta, promueve y apoya los tratos de corrupción, en un márketing perverso en el que la compañía ha puesto un precio a la función pública, para conseguir la adjudicación a su favor , modificar los baremos y adaptar los pliegos a sus ofertas ».
Velasco cuantifica las comisiones cobradas en siete ayuntamientos – Collado-Villalba , Móstoles , Parla , Serranillos , Torrejón de Velasco , Valdemoro y Moraleja de Enmedio –, en algo más de 476.000 euros, por adjudicaciones que se hicieron entre 2012 y 2014. La «mordida» más importante es la que se recibió en Móstoles –121.905 euros–, mientras que la más «modesta» fue la de Torrejón de Velasco, de 10.000. Eso sí, esas cantidades iban a ser anuales hasta finalizar el contrato .
Estas prácticas, además, suponían unas pérdidas importantes a otras empresas del sector , que no tenían acceso a esas adjudicaciones ya que sus ofertas se movían en los parámetros legales.
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