Zarrías dice que el juez ya «tenía tomada» la decisión de proceder contra él

Si duro era ya el escrito que la defensa del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías presentó la semana pasada en el Supremo -acusando al juez del caso ERE de «querer satisfacer sentimientos justicieros»-, no lo es menos el que ha presentado este martes: asegura que el instructor del fraude de las ayudas sociolaborales «ya tenía tomada una decisión (la de proceder contra los exaltos cargos de la Junta) desde el principio de la instrucción». La defensa del exconsejero llega a esta conclusión tras criticar que el juez Alberto Jorge Barreiro «no valoró ni tuvo a la vista el resultado de diligencias que él mismo había acordado» , entre ellas la solicitud de diversa documentación a la Junta de Andalucía». Por este motivo, solicita que tanto esos informes como la providencia de 2 de julio en la que el juez acuerda su admisión se unan al recurso de apelación ya formulado por el imputado, que, al igual que Chaves, ha renunciado a su acta de diputado.

El letrado Gonzalo Martínez-Fresneda señala que la relevancia de esa documentación es doble: primero, porque «ratifica que Zarrías es completamente ajeno a las decisiones relativas a la concesión de ayudas mientras ostentó el cargo de consejero de Presidencia»; y segundo, porque «demuestra que la Mesa del Parlamento fue informada puntualmente de todas las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno».

En el escrito de alegaciones contra su suplicatorio, Zarrías sostuvo que el hecho de calificar a los exaltos cargos autonómicos de prevaricación es una decisión que no tiene precedentes y «supone un hito en la historia judicial española, por cuanto por primera vez se dirige un reproche penal para castigar una responsabilidad que, de existir, sería de naturaleza exclusivamente política» . «Se franquea así una línea muy peligrosa que, no por satisfacer en apariencia sentimientos justicieros, tiene alguna clase de legitimación, ya que vulneran reglas y principios fundamentales del sistema constitucional como son el principio de legalidad penal, el de intervención mínima del derecho penal, el de división de poderes o el de soberanía en el ejercicio de la potestad legislativa».

En la misma línea que la defensa de Chaves, que acusó al instructor de desconocer el procedimiento legislativo, Zarrías también arremete contra el instructor y tilda su decisión de «oportunista», pues «se apoya en una determinada coyuntura social, fuera de la cual no se produciría».