Cronología del caso ERE en las portadas de ABC
El diario ha seguido de cerca la evolución de la trama de corrupción más importante en Andalucía. Su último paso, la imputación formal de Chaves y Griñán
El diario ha seguido de cerca la evolución de la trama de corrupción más importante en Andalucía. Su último paso, la imputación formal de Chaves y Griñán
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9 enero 2012: Cocaína, fiestas y copas con dinero de las subvenciones
El chófer del que fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Juan Francisco Trujillo , ratificó en dos juzgados en enero de 2012 todas sus declaraciones a la Policía en las que dijo que parte del dinero de las subvenciones de los ERE (900.000 euros) se lo devolvió a su jefe y que lo gastaban en cocaína, fiestas y copas.
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8 de marzo de 2012: Guerrero implica a Chaves
El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía respondió a preguntas de la juez Alaya en marzo del mismo año alegando que «nadie del Gobierno puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas». El imputado aseguró que en el Consejo de Gobierno se veía la relación presupuestaria de las ayudas.
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14 marzo 2012: Griñán, acorralado por su firma
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán , firmó de su puño y letra una modificación de los presupuestos andaluces de 2008 destinada a incrementar la partida 31L —que figuraba como «Administración de las relaciones laborales » y que el director de Trabajo, Francisco Javier Guerrero , bautizó como «fondo de reptiles»—, con el objeto de financiar el plan Bahía Competitiva.
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7 febrero 2013: La Junta quería garantizar «la paz social»
La Consejería de Empleo mantuvo el polémico sistema de pago de los ERE con el pretexto de evitar un «desorden social» un año después de que José Antonio Griñán aterrizara en la Presidencia de la Junta de Andalucía. Al margen de los falsos trabajadores que se prejubilaron con fondos públicos y las ayudas a empresas y ayuntamientos de la órbita del PSOE, a la Junta le funcionó razonablemente bien la fórmula cuando estaba al frente de la Dirección General de Trabajo Francisco Javier Guerrero, entre 1999 y 2008.
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4 septiembre 2013: Juan Lanzas, el «conseguidor» amigo de Gaspar Zarrías
En septiembre de 2013 se publicó que Juan Lanzas, el «conseguidor» de ayudas irregulares, coló como «polizones» en el expediente de regulación de empleo (ERE) de la sociedad laboral cordobesa Matadero de Fuenteobejuna SAL a dos familiares directos de Juan José Viedma Gallardo, propietario de un coto en el que cazaba el exdirigente ugetista, próximo a su pueblo, Albanchez de Mágina (Jaén).
Gran aficionado a las monterías, Lanzas no encontró mejor modo de corresponderlo por invitarlo a las batidas en su finca privada que conseguirle ayudas para su hija, Juana Pilar Viedma Ocaña, y su pareja, Adoración Navarro Fernández.
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9 de octubre de 2013: Nueva redada por los falsos ERE
Magdalena Álvarez , exconsejera y exministra, e imputada en el caso, declaró ante la juez Alaya durante el pasado mes de octubre.
Álvarez aseguró ante la juez que las transferencias de financiación, con la que se pagaban los ERE fraudulentos , eran una trasposición de las normas estatales.
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14 noviembre 2014: Encausados
El Tribunal Supremo asumió el 13 de nobiembre su competencia para investigar a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE de la Junta de Andalucía . La Sala de Admisión del Tribunal Supremo tomó esta decisión tras recibir hace unos días el informe en el que la Fiscalía se muestra favorable a que el Alto Tribunal los investigara tras los indicios que la juez Alaya puso de manifiesto en la exposición razonada que envió al Supremo el pasado mes de agosto. Junto con ellos, el Supremo también investiga desde entonces a los otros tres aforados nacionales que apuntaba la juez Alaya, es decir, a José Antonio Viera y Gaspar Zarrías , en calidad de diputados, y a Mar Moreno (senadora).
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18 febrero 2015: Imputados
El 17 de febrero de este año fue el instructor del caso ERE, Alberto Jorge Barreiro, citó a declarar como imputados a los cinco aforados que está investigando el Tribunal Supremo por la concesión irregular de ayudas, entre ellos a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
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10 de abril de 2015: Griñán declara ante el Supremo
José Antonio Griñán declaró el 9 de abril ante el juez del caso ERE en el Supremo que no recibió ningún informe que le advirtiera de irregularidad alguna en el uso de las transferencias de financiación. Asegura que la Intervención de la Junta no le envió ningún informe en la época en la que él era consejero de Economía porque sólo los envían a las consejerías de las que sale alguna propuesta de actuación, lo que no fue el caso de la que él dirigió desde 2004 hasta 2009.
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15 abril 2015: Chaves declara ante el Supremo
Manuel Chaves reiteró en el Tribunal Supremo que durante el tiempo en que ha sido presidente de la Junta de Andalucía, durante 19 años, « nunca jamás de ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal. Nunca ».
En declaraciones a los medios tras declarar ante el instructor del caso tres horas ha señalado que con él como jefe del Ejecutivo autonómico, en la Junta «ni se ha conocido ni se ha mantenido ni se ha impulsado ninguna ilegalidad», una actuación, ha dicho, que siempre ha marcado su trayectoria política, dentro y fuera de Andalucía. «Cualquier decisión política o normativa que he tomado siempre ha estado basada en la legalidad y con todos los trámites e informes necesarios», ha apuntado.
El día 17, ABC publicó los informes «que no leyeron Chaves ni Griñán» . Su defensa judicial en sus declaraciones como imputados ante el juez instructor del Tribunal Supremo giraba en torno a una premisa mayor de la cual pende todo su argumentario: nunca conocieron las irregularidades porque ni conocieron ni leyeron los sucesivos informes que el interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, remitió a varios miembros del Gobierno andaluz en los que cuestionaba el mecanismo de pago de las ayudas. La juez instructora Mercedes Alaya sostiene que el uso de las transferencias de financiación permitió el reparto arbitrario de 855 millones de euros entre personas próximas a la Junta y al PSOE durante doce años. En la cúspide del fraude sitúa a la cúpula de la Junta entre 2000 y 2011.