El TSJA desautoriza a Bolaños y deja que Alaya termine los ERE Alaya seguirá con el caso ERE pero pierde los cursos de formación
La nueva juez quería que su antecesora se encargara solo de Mercasevilla, el inicio del fraude de las ayudas de la Junta La juez pidió seguir con ambas causas, pero el Tribunal Superior de Andalucía ha adoptado una solución salomónica
Con una decisión salomónica, y a la vez esperada, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidió ayer que Mercedes Alaya pueda terminar el caso ERE como juez de refuerzo del órgano del que hasta hace pocos días era titular. No así las otras dos macrocausas que la magistrada sevillana había pedido concluir antes de aterrizar en la Audiencia de Sevilla: los avales a empresas y los cursos de formación, que instruirá su sustituta, María Ángeles Núñez Bolaños. Por su parte, el otro juez de refuerzo, Álvaro Martín, que lleva desde septiembre de 2003 apoyando a Alaya en ese juzgado, se encargará de los asuntos de nuevo ingreso y pendientes de señalamiento.
La decisión del TSJA no responde ni a lo solicitado por Alaya ni a lo que quería Bolaños, pues, según ha podido saber ABC de fuentes próximas al TSJA, la nueva magistrada, una juez de Familia amiga del consejero de Justicia de la Junta, Emilio Llera, había propuesto el día anterior a la Sala de Gobierno que Alaya se quedara solo con Mercasevilla, el procedimiento que dio lugar a los ERE pero que es independiente de esta macrocausa.
Hilo conductor
Así pues, la intención de Bolaños era dedicarse a instruir las tres causas que para Alaya resultaban inseparables por tener, a su juicio, un mismo hilo conductor: la supuesta red clientelar de la Junta de Andalucía. No lo ha conseguido, y aunque retendrá los avales a empresas y cursos de formación, que afectan a la etapa de Susana Díaz como presidenta autonómica, no será ella quien tome declaración a José Antonio Griñán cuando el Supremo remita las actuaciones de nuevo al juzgado sevillano. El expresidente de la Junta renunció a su escaño en el Senado antes de que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre su suplicatorio –ya no es aforado–, con lo que Mercedes Alaya podría tomar en cualquier momento la decisión de llamarle a declarar. El destino de Chaves y de los otros tres aforados nacionales sí sigue de momento en manos del Alto Tribunal.
Ahora será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que tenga que dar el visto bueno al plan de reparto aprobado por unanimidad ayer por la Sala de Gobierno del TSJA, algo que podría hacer mañana la Comisión Permanente del órgano.
Como adelantó ABC el pasado 15 de mayo, era un secreto a voces que Alaya se quedaría finalmente solo con una de las tres causas que pidió. El CGPJ había abonado el terreno al respecto: hace tres semanas, y cuando la juez sevillana ya había manifestado su deseo de concluir las tres macrocausas que afectan a la Junta, el Consejo aprobó una propuesta del TSJA que pasaba por que los refuerzos colaboraran con la nueva titular (Núñez Bolaños) «conforme a los criterios de distribución de los mismos que conjuntamente formulen y aprueben la Sala de Gobierno del TSJ andaluz».
Esta Sala justifica ahora que Bolaños debe hacerse cargo de las dos macrocausas de la Junta (avales y cursos de formación) porque «tienen aún recorrido o bien están en trámite procesal muy avanzado y pendientes de próxima remisión a otros órganos judiciales». Y argumenta que Alaya debe hacerse cargo de los ERE «hasta que se resuelva sobre su división en piezas separadas, reiterada por el Ministerio Fiscal y pendiente de respuesta judicial», recuerda el TSJA.
Precisamente fue este motivo al que se acogió Núñez Bolaños para sostener en su propuesta que sobre el reparto del caso de los ERE no podía decidir todavía al no estar claro si finalmente se va a dividir ni, en caso afirmativo, cómo. Sin embargo, la Sala de Gobierno considera que con «la finalidad de lograr celeridad y eficacia en la sustanciación de los procedimientos y ponderando el conocimiento que posee la anterior titular del Juzgado respecto de los asuntos de mayor antigüedad», esa causa debe seguir siendo instruida por Alaya. Una vez que se divida –fuentes jurídicas aseguran que no va a quedar más remedio, porque si no la causa es «ingobernable»–, se verá.
A eso apunta el tribunal superior andaluz cuando acuerda que dicho plan y criterios de distribución puedan ser revisados y modificados más adelante, a petición de los interesados, una opción que abre tantos escenarios como expectativas.
