justicia
Jueces progresistas dicen que reducir los plazos de la instrucción favorecerá a los corruptos
Cargan contra el ministro Catalá por pedir a los jueces que lleven a cabo las investigaciones en un tiempo razonable
La asociación Jueces para la Democracia (JpD) cree que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, debe explicar qué es lo que se pretende con la reducción de los plazos de instrucción a un máximo de 18 meses y le pide que aporte los medios que necesita el sistema judicial, ya que teme que se cierren «en falso» investigaciones favoreciendo así a los corruptos.
En un comunicado difundido este viernes, JpD, la tercera en número de asociados en la carrera, sale al paso de unas declaraciones de Rafael Catalá, que dijo ayer en Valencia que «los jueces también tienen que estar comprometidos en resolver las instrucciones en plazos razonables».
JpD expresa su apoyo «al valioso trabajo que están realizando los magistrados instructores a pesar de la falta de apoyo institucional del Gobierno». Recuerda que el último informe del Consejo General del Poder Judicial en esta materia señala que cerca de la mitad de los juzgados están trabajando a más del 150 por ciento de los asuntos previstos institucionalmente y muchos de ellos a más del 200 por ciento.
La organización judicial añade que España sigue a la cola de Europa en el número de jueces por habitante y a la cabeza en el de investigados por corrupción, «sin que el Gobierno haya querido adoptar medidas que aporten soluciones en una materia que preocupa muy seriamente a la sociedad y que está erosionando la credibilidad de las instituciones».
Destaca que «si hay centenares de imputados por corrupción es porque hay centenares de jueces que están haciendo un enorme esfuerzo para que las causas avancen a pesar de la sobrecarga de trabajo y de la falta de recursos».
Un objetivo «imposible de cumplir»
JpD aclara que es «evidente» que los magistrados no pueden tener el menor interés en que las causas se demoren sino que, al contrario: es para el poder político para el que sí que puede ser conveniente la paralización de los procedimientos, «pues ha permitido que políticos imputados hayan continuado durante largos años en sus cargos».
Para la asociación resulta notorio en el ámbito judicial que limitar los plazos de investigación penal a seis o dieciocho meses en función de los asuntos «es imposible de cumplir con los medios existentes en los juzgados». Advierte de que por ello «esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal provocará el cierre en falso de las investigaciones, al no permitirse que los jueces de instrucción puedan prorrogar de oficio las causas cuando sea necesario y no se podrá ir a juicio con pruebas suficientes».
Con estos plazos, arguyen, «no hubiéramos sabido prácticamente nada del caso Urdangarín, del caso Gürtel o del caso de los ERE, y en consecuencia esta reforma favorecerá la impunidad de numerosos asuntos de corrupción».
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