Griñán agota el último cartucho para evitar su suplicatorio en el caso ERE

La defensa del expresidente de la Junta de Andalucía y exconsejero de Hacienda José Antonio Griñán agota los últimos cartuchos para evitar que el instructor del caso ERE en el Tribunal Supremo pida su suplicatorio al Senado, lo que implicaría que el transcurso de la investigación habría reforzado los indicios que pesan sobre él. Así, ha solicitado al juez Alberto Jorge Barreiro que cite a la viceconsejera Carmen Aguayo para que declare que no le comunicó ningún informe en el que alertara de irregularidades en la tramitación de estas ayudas. Este es el argumento que esgrimió Griñán durante su declaración para desvincularse del fraude de las ayudas sociolaborales durante la época en la que fue consejero de Hacienda y Aguayo era su mano dereccha y destinataria directa de los informes del interventor.

Se trataba de informes de cumplimiento que, según manifestó Griñán, no tenían por qué ser entregados al consejero sino que bastaba con que la viceconsejera del departamento tuviera constancia de los mismos.

Además de esta petición, el magistrado está pendiente de recibir la documentación solicitada al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla (Alaya) relacionada con los escritos que la Junta de Andalucía envió al Parlamento autonómico durante diez años o los expedientes de fiscalización de las transferencias de financiación. Asimismo, el magistrado ha dado quince días a la defensa de Griñán para que amplíe el informe pericial de los dos catedráticos que hace unas semanas ratificaron su informe, que avala la legalidad de las transferencias de financiación, ante el Tribunal Supremo..

Una vez analizada toda la documentación, el instructor tendrá que decidir si pide el suplicatorio contra alguno o todos los aforados. A día de hoy lo único que parece claro es que no lo hará contra la exviceconsejera de Presidencia Mar Moreno y sí contra el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, quien puso su firma a la partida del fondo de reptiles. Respecto a los otros tres imputados (el propio Griñán, el también expresidente Manuel Chaves y el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías) su horizonte penal todavía no está claro, y en buena medida se verá influido por los informes que todavía tienen que llegar al Supremo.

Como informó ABC el pasado 22 de febrero, la cuestión jurídica está en determinar si la búsqueda de un fin social, la mejor distribución de las ayudas, justificaba la eliminación de todos los controles establecidos. Fuentes del Alto Tribunal ya señalaron entonces que se trata de concluir si quien hace posible el desmantelamiento de los sistemas de garantía no posibilitó la agilización de las ayudas, sino que otros se llevaran el dinero. ¿Eran conscientes los imputados de que la transformación normativa que supuso la creación de la partida 31L) sirvió para cometer el mayor escándalo de corrupción que en términos económicos ha habido en España? En la respuesta a esta pregunta estaría el elemento de lo injusto que exige el delito de prevaricación. Por acción o por omisión, los imputados habrían contribuido a la creación y mantenimiento de un marco que favoreció la comisión de delitos.