El juez sienta en el banquillo a Bárcenas y Lapuerta por la caja B del Partido Popular

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha sentado en el banquillo de los acusados a los dos extesoreros del Partido Popular Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como al exgerente de la formación política Cristóbal Páez y tres empleados de Unifica, la empresa que realizó la reforma de la sede del partido por los pagos y manejos realizados con la caja B del partido, una contabilidad paralela acreditada en la causa.

El magistrado también abre juicio oral contra el propio Partido Popular como posible responsable civil subsidiario y le impone una fianza de 1,2 millones de euros por los tributos dejados de pagar a Hacienda por el impuesto de sociedades de 2008 y y por el impuesto de sociedades de 2007 de la empresa Unifica. Además, el juez fija fianzas de casi 9 millones a Bárcenas y Lapuerta y de 6,1 millones para los empleados de Unifica: el arquitecto Gonzalo Urquijo y las empleadas Belén García y Laura Montero. Todos tienen diez días para realizar los pagos.

Con este paso, el juez que ha sustituido a Pablo Ruz como titular del juzgado central de instrucción número 5 de Madrid, acuerda también abrir juicio oral contra la empresa Unifica, como responsable civil directo y solidario, así como subsidiario. Además, el magistrado va un paso más allá que su antecesor y atribuye a los tres exdirigentes del PP -Bárcenas, Lapuerta y Páez- el supuesto delito de organización criminal.

Por lo demás, a los seis implicados el juez les atribuye los supuestos delitos de asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública. Esta investigación, conocida como «papeles de Bárcenas» y una de las más mediáticas de los últimos años en España, ha dejado acreditado que el PP tuvo una contabilidad B durante 18 años que fue manejada por los dos extesoreros y el exgerente.

El delito fiscal existiría en el caso de los antiguos responsables del PP por los impuestos que dejaron de tributar por los pagos en B de las obras de la sede de Génova y por las donaciones irregulares que recibieron en 2008 de diversos empresarios, que aparecieron en los apuntes de Bárcenas. En el caso de los empleados de Unifica, la empresa que cobró 1,5 millones en dinero negro, el fraude fiscal existiría por los tributos dejados de pagar por Sociedades e IVA en 2007 y 2010 respectivamente.

A partir de ahora, los letrados de los acusados tienen un plazo de veinte días para presentar los correspondientes escritos de defensa. Después solo quedará que la Audiencia Nacional fije fecha para que se celebre uno de los juicios más mediáticos de la historia reciente.